Jalisco makes progress in Criminal Justice System reform

Judge Suro Esteves speaks to an audience.

Judge Ricardo Suro Esteves, President of the Jalisco Supreme Court of Justice. Source: Francisco Rodriguez, El Occidental.

12/16/18 (written by Kimberly Heinle) — Beginning in 2019, the State of Jalisco’s judiciary will utilize electronic signatures on documents and for digital sentencing. According to the President of the state’s Supreme Court of Justice, Ricardo Suro Esteves, “Our judiciary will use electronic signatures, which will move us forward into the digital realm, making the administration and implementation of our justice system more efficient.” He continued, “With this technological advance, for the first time we are utilizing digital documents and sentencing with judicial validity.”

This progress reflects the effects of the New Criminal Justice System (Nuevo Sistema de Justicia Penal, NSJP). The NSJP was intended to modernize judicial processes in Mexico, creating efficiency and expediency in the otherwise notoriously slow system. The transition to a more digital approach to courtroom and judicial proceedings increases their speed and efficiency while decreasing associated costs, added Judge Suro.

Jalisco also made progress with regards to the training that 5,000 police and traffic cops have gone through that covers their roles as first responder at crime scenes. This is part of the three workshops related to the New Criminal Justice System that police are required to complete. Judges and judicial system operators in Jalisco have also undergone training and seen a boost in salaries. Additionally, two new courtrooms have been built that will process oral trade law in Ocotlán and family law in Ciudad Judicial.

Judge Suro was reelected as the President of the Jalisco Supreme Court on December 14, 2018. His second two-year term will cover January 1, 2019 through December 31, 2020.

Sources:

“Police lack training in the New Criminal Justice System.” Justice in Mexico. December 4, 2018.

Bareño, Rosario. “Digitalización y primer Observatorio Judicial en el Poder Judicial: Suro Esteves.” El Occidental. December 7, 2018.

Rivas Uribe, Rodrígo. “Preparan operación de firma electrónica en el Poder Judicial del Estado.” Informador. December 7, 2018.

Ruíz, Luís Antonio. “Supremo Tribunal de Justicia implementará firma electrónica.” W Radio. December 7, 2018.

Diario Oficial de la Federación. “DOF: 07/12/2018.” Secretaría de Gobernación. December 12, 2018.

Cruz Romo, Ezequiel. “Repiten president en el STJEJ.” El Diario NTF Guadalajara. December 14, 2018.

Exitoso IV Simposium Internacional sobre Sistemas de Justicia Orales Adversariales

09/25/2018 (escrito por Alejandro Morán) – Durante los días 6 y 7 de septiembre de 2018, se llevó a cabo el IV Simposium Internacional sobre Sistemas de Justicia Orales Adversariales en el marco del programa Oral Adversarial Skill-Building Immersion Seminar. El evento fue organizado por el programa Justice in Mexico de la Universidad de San Diego en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. En el evento de dos días de duración, se expusieron temas relevantes al funcionamiento y la evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) en México.

Dr. Sergio García Ramírez analiza el NSJP en IV Simposium

Conferencia Magistral del Doctor Sergio García Ramírez

El Simposium dio inicio con una Conferencia Magistral a cargo del Doctor Sergio García Ramírez en la que desarrolló un profundo análisis del SJPA. El Dr. García Ramírez habló acerca de las herencias de los siglos pasados, la liberal y la positivista y la necesidad de armonizarlas. Criticó al sistema de justicia como uno punitivo y no de justicia, haciendo énfasis en la palabra reinserción dentro del sistema y expuso la necesidad de generar especial énfasis en la seguridad humana y la justicia formal. De igual forma García Ramírez cuestionó la capacidad operativa de los principales actores dentro del sistema, usando una analogía de una obra de teatro, brindando especial atención a la figura del policía como “el actor principal de la obra”.

En el panel“Retos y avances en el sistema de justicia en México”,   el ex Embajador de México en los Estados Unidos, Miguel Basáñez, expuso los resultados de un programa de capacitación a jueces mexicanos llevado a cabo en las ciudades de Boston (E.E.U.U.), Santiago (Chile) y Bogotá (Colombia) que permitieron identificar los 15 eslabones principales para poder afianzar la transición al SJPA: 1) respaldo político total; 2) exigencia de la sociedad civil; 3) reformas legales; 4) plataforma informático-tecnológica; 5) responsabilidad mediática;  ; 6) apoyo académico; 7) colegiación obligatoria; 8) profesionalización de policías; 9) profesionalización de fiscalía y defensoría; 10) Infraestructura; 11) símbolos e incentivos a operadores; 12) estadística; 13) capacitación permanente; 14) administración especializada; y 15) ejecución de penas y sistemas carcelarios.  Dentro de ellos, el Embajador Basáñez destacó como los principales el respaldo político y el apoyo de la sociedad civil. Posteriormente, la Doctora María de los Ángeles Fromow Rangel, ex Directora de la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SETEC), se enfocó en la importancia de establecer un modelo de conformación del servicio profesional de carrera, sobre un sana y operativa trilogía de investigación (policía, ministerio público y peritos), así como en la importancia de homogenizar las carpetas de investigación en el país. Por su parte, el Maestro Juventino Pérez Gómez, encargado de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto en el estado de Oaxaca, mencionó que para la etapa de consolidación del sistema se tienen que considerar las relaciones de los principales operadores, poniendo especial análisis en la relación ministerio público-policía, recalcando que aún falta un plan de investigación, y además, que existen problemas serios en la operación del SJPA, en especial en el caso de Oaxaca y sus 570 municipios. Asimismo el Mtro. Pérez Gómez se unió a la conclusión del importante papel que juegan la sociedad civil, y las partes en general dentro del proceso.

En la mesa panel “Justicia en Marcha” se expusieron los resultados preliminares de un proyecto de investigación estadística del SJPA desarrollado por Justice in Mexico, el cual reúne a un grupo de destacados egresados de la UNAM que además, fueron participantes en los distintos seminarios de litigación que dicho programa de la Universidad de San Diego, lleva a cabo a través de su proyecto OASIS. En la mesa, moderada por el  Maestro Octavio Rodríguez Ferreira, el Licenciado Alfredo Ramírez Percastre comenzó resaltando la falta de indicadores suficientes para evaluar el SJPA de una manera eficiente y que los existentes no son útiles para el diagnóstico. El ponente presentó los resultados de una encuesta piloto sobre los retos y losgros del SJPA, y señaló como principales retos la corrupción, los medios obsoletos de investigación y la no utilización de mecanismos alternativos. De la misma forma resaltó mayor honestidad en los operadores, comparando con indicadores que sugieren que el 76% de los operadores afirman sentirse preparados para el SJPA a diferencia del 93% de los operadores encuestados en 2016 por Justice in Mexico, a través de la iniciativa Justiciabarómetro. Acto seguido, El Licenciado Héctor Esteban García destacó varios problemas actuales en la operación del SJPA, como es el poco uso del procedimiento abreviado que en México apenas alcanza un 40% mientras que en otros sistemas (por ejemplo en los Estados Unidos) la media nacional sería de un 93 a un 97 porciento. También se identificó el uso excesivo de la prisión preventiva en varios estados de la república, destacando a Jalisco con un 46 porciento de uso de la medida precautoriua y a Puebla con un 41 porciento. Como parte de la misma iniciativa “Justicia en Marcha”, el Maestro Juan García expuso los resultados de un estudio comparado de casos tanto en el sistema tradicional, como en el SJPA, en donde cotejó diversos aspectos dentro de ambos sistemas, como las duración del  proceso; el tamaño de los expedientes en cuanto su número de fojas; así como la cantidad de pruebas presentadas en juicio. El maestro García destacó una mayor rapidez y eficiencia del SJPA, en donde, sólo por mencionar un ejemplo, se excluyen un gran número de pruebas irrelevantes, a diferencia de lo que ocurría en el sistema tradicional. Para cerrar dicho panel, la Licenciada Pamela Soto Valdivieso, habló de la importancia de la capacitación de los operadores, y destacando que, de acuerdo a los resultados preliminares de la iniciativa “Justicia en Marcha”, apenas el 23 por ciento de capacitaciones son realizadas por parte del gobierno federal, mientras que el 77 por ciento,  son realizadas por instituciones extranjeras, como lo es OASIS. Con respecto a esta iniciativa de capacitación de Justice in Mexico, la Lic. Soto anunció el desarrollo de un manual para la capacitación en destrezas de litigación oral, que contendrá todos los elementos  del procedimiento, y cual estará disponible para todo el público.

Estudiantes, profesores y académicos del derecho se sumaron a la discusión del IV Simposium

Más de 200 profesores, estudiantes y académicos atendieron al IV Simposium Internacional sobre Sistemas de Justicia Orales Adversariales

El primer día de actividades concluyó con el panel “Riesgos de contra reforma”, moderado por la Maestra Susana Martínez Hernández, investigadora del Instituto Belisario Dominguez. En dicho  panel, el Mtro. Carlos Ríos Espinosa, investigador de Human Rights Watch y experto en reforma penal, expuso sobre la historia de la reforma y su recibimiento, abundando en los intentos de contra reforma desde 2014. El Mtro. Ríos Espinosa comentó acerca de la ampliación de un régimen de excepción dentro del mismo SJPA, en el que “se crea un régimen paralelo al sistema y este sólo lo entorpece generando leyes que violan DDHH” y puso como ejemplo la ley de seguridad interior. Según Ríos Espinosa, otro factor altamente problemático es el de las resoluciones de los jueces que tienden a ser contrarias al sistema, lo que genera que la credibilidad social se pierda.  A su vez, el Dr. Carlos Galindo, investigador del Instituto Belisario Domínguez, expuso cómo se ha ido modificando el SJPA atendiendo a temas políticos y a presión social, como en el caso de Chihuahua, que a pesar de no haber redactado originalmente un catálogo para la prisión preventiva oficiosa, a raíz de un caso se terminó por redactar uno, como ha ocurrido en todos los estados del país. El Dr. Galindo habló  también de varios casos de intentos de contra reforma de baja escala, como el último del 30 de agosto del presente año, que propone introducir los delitos de corrupción al catálogo de prisión preventiva oficiosa. Haciendo eco de la misma problemática, la Maestra María Novoa, Coordinadora del Programa de Justicia, en México Evalúa, comentó  resaltó la presión social en contra del SJPA, e identificó varios factores (como el incremento en la violencia) que se han relacionado de manera imprecisa con la implementación del SJPA y del principio de presunción de inocencia, provocando que:  “socialmente se [haya] generado la idea de que a más encarcelados, más justicia”, lo que harepercutido de manera negativa en las resoluciones de los jueces, pues a nivel federal, manifestó Novoa, “7 de 10 solicitudes de prisión preventiva son otorgadas y a nivel estatal 9 de 10”. Novoa además desarrolló otros temas importantes como el fenómeno de la puerta giratoria, el tema de la reincidencia delictiva, concluyendo que lo anterior ocurren en un mayoría por una mala operación y falta de implementación, más que por un problema del sistema en sí, poniendo en evidencia que, por ejemplo, de las 32 Unidades de Medidas Cautelares (OMECAS) posibles, a la fecha sólo existen tres en el país.

El segundo día de actividades del Simposium inició con la mesa panel: “Reformas procesales en Latinoamérica”, moderada por el Mtro. Pablo Héctor González Villalobos, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Chihuahua, en la cual se expusieron las perspectivas comparadas de Chile, Colombia y Argentina, en sus reformas procesales. El Maestro Claudio Pávlic, defensor público en la reforma chilena, abrió la mesa hablando de la implementación del sistema en Chile en el 2000, y de cómo desde los cinco años de su entrada en vigor ya se veía una considerable disminución en la población penitenciaria. Expuso que consideraba  como factores importantes el hecho de que existió un apoyo político significativo, de que había transparencia y publicidad en las audiencias—lo cual provocó críticas de los medios de comunicación y del público en general que detonaron cambios importantes al sistema. De la misma forma, Pavlic destacó la gran cantidad de información estadística disponible, que identificaba los problemas del sistema y la evaluación de los operadores, esta última realizada por inspectores que eran los mismos operadores del sistema. Posteriormente, La Mtra. Ana María Ramos, Directora Ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia, expuso que existen serios problemas con el sistema colombiano, siendo el problema principal la eficacia. Dijo también que existe un descontento social que ha generado que se promuevan reformas como reducción de beneficios al imputado o quitar el procedimiento abreviado, que terminan por entorpecer el sistema. Ramos advirtió que identifica muchas similitudes en las discusiones actuales en México con las que Colombia tuvo hace unos años. Por último, el Dr. Máximo Langer, Director del Programa de Justicia Penal en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), señaló que existen problemas parecidos en Argentina y en México. Mencionó que si bien la celeridad de los procesos aumentó, aún existen problemas en cuanto a la investigación, particularmente de los delitos graves, e igualmente identificó la eficacia como el principal problema de los sistemas de corte acusatorio. El Dr. Langer continuó hablando de la importancia del procedimiento abreviado y dijo que, para muchos, es este el sistema, y no tanto la oralidad del proceso. Según Langer, apenas el 45 por ciento de los casos en Argentina, se van por esta vía.

UNAM, UANL y BUAP discuten planes de estudio durante IV Simposium

Directores de las Facultades de Derecho discuten los retos a la reforma de planes de estudios

El Simposium concluyó con el panel “Retos en la reforma a los planes de estudio”, que reunió a directores de las facultades de derecho de la UNAM, el Dr. Raúl Contreras Bustamante; la UANL, el Mtro. Oscar Lugo Serrato; y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Dr. Luis Ochoa Bilboa; y moderada por la Maestra Trilce Ovilla Bueno, Coordinadora de Asuntos Internacionales y Multidisciplinarios en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la que se analizaron los retos de la reforma a los planes de estudio en las facultades de derecho mexicanas. Dr. Raúl Contreras expuso los cambios que se han generado en la UNAM respecto a su plan de estudios. Comentó que la Facultad busca un enfoque transversal enfocado en temas como los derechos humanos, la equidad de género y las convenciones internacionales,  poniendo especial atención en los temas de la constitucionalidad y la convencionalidad. Afirmó que se buscan sistemas de estudio flexibles y  rescató el hecho de la autonomía de la UNAM para realizar estas acciones a diferencia de otras instituciones internacionales. El Mtro. Oscar Lugo expuso que en la UANL se ha estudiado el perfil que se necesita para el abogado, y que se ha buscado un estudio multidisciplinario adecuándose a los cambios al sistema de justicia, introduciendo materias como la de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) , así como la materia de litigación oral, como obligatoria para los ocho mil estudiantes de la licenciatura de derecho de la UANL. Por último, el Dr. Luis Ochoa se enocó en la renovación de los planes de estudio que se lleva a cabo cada 5 años en la BUAP. Sin embrago el Ochoa alertó sobre la poca cantidad de investigadores con los que cuenta la carrera de Derecho en la BUAP, y sobre  “resistencia por investigar”, en donde los alumnos dan mayor importancia a las cuestiones prácticas que enseñan los abogados litigantes, antes que en el desarrollo de investigación original, concluyendo que este es un problema importante para la implementación y modernización de de planes de estudio a la luz del SJPA.

El IV Simposium Internacional sobre Sistemas de Justicia Orales Adversariales marcó la conclusión de otro exitoso año de actividades del proyecto OASIS de Justice in Mexico de la Universidad de San Diego, en su colaboración con las facultades públicas de derecho más grandes de México. En los próximos meses, el proyecto estará arrancando los Talleres de Litigación Oral en la UANL, la UdeG y la BUAP, continuando con su esfuerzo permanente para la actualización y capacitación continua de los operadores del sistema de justicia en México.

 

Congress approves Miscelánea Penal reforms to bolster New Criminal Justice System

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The Mexican Senate approved the Miscelánea Penal reforms in support of the New Criminal Justice System on June 14, 2016. Photo: Mateo Reyes, El Universal.

7/5/16 (written by sramirez) — The Mexican Senate recently approved the Miscelánea Penal reforms to support the New Criminal Justice System (Nuevo Sistema de Justicia Penal, NSJP), thus ultimately putting into full force the new system. The package of ten legal reforms were heard in an extraordinary session by the Senate on June 14, 2016, just four days prior to the constitutional deadline for Mexico to implement the NSJP nationwide, the overarching reform to the judicial system. The Mexican Chamber of Deputies approved the Miscelánea Penal reforms on April 28 with a vote of 403 in favor, 0 against, and 24 abstentions. The Mexican Senate, meanwhile, voted 109 in favor and 5 against.

The articles in particular were intended to reconcile disputes between the NSJP vis-à-vis Mexico’s National Code of Criminal Procedures (Código Nacional de Procedimientos Penales), the Federal Criminal Code (Código Penal Federal), the General Law of the National System of Public Security (Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública), the Federal Law for the Protection of Persons involved in the Criminal Process (Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal), and the General Law for Prevention and Sanctioning of Crimes of Kidnapping (Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro), among others.

The approval of the Miscelánea Penal reforms are not only important because of the timing of their approval just days before the constitutional deadline for the NSJP, but also because of the legal protections the package of ten reforms provide. For one, the reforms provide protection to the due process procedures for individuals involved in legal processes. They also clarify the role of the Control Judge (Juez de Control), one of the several new judgeship positions created under the New Criminal Justice System, thus, among other purposes, dividing the control throughout a legal procedure between several positions to keep power in check. As Excélsior writes, the reforms also bolster rights of the accused by giving them the option of presenting evidence in their case directly to the judge, thus removing the Attorney General (Ministerio Público) from the process. The reforms also take an important step forward for the rights of the accused by declaring that an individual cannot be held in preventative prison (prisión preventiva) for more than two years, thus expediting the legal proceedings. In addition, the reforms require a more active legal counsel for the accused during legal proceedings, promote electronic and technological advances in the judicial system, heighten protections for victims 12 years old and younger, and more clearly define police responsibilities when arriving at a crime scene, among others.

The Mexican government applauded the Miscelánea Penal’s approval. Congressman Manuel Espino, for example, argued that the reforms would comprehensively strengthen the judicial system. “We have evolved,” he said following the Chamber of Deputies’ approval in April, “to give judicial elements to the Executive and Judicial branches in order to better advance justice. But this is not sufficient,” he cautioned, “given that Mexico ranks as one of the countries in Latin America with the worst levels of impunity.” The president of the Senate’s Human Rights Commission, Angélica de la Peña of the Party of the Democratic Revolution (Partido Revolucionario Democrática, PRD), also recognized the reform’s efforts to protect the human rights of the accused within the judicial processes, among other changes.

With the Miscelánea Penal approved, the Mexican government celebrated the closing of the eight-year implementation phase of the NSJP on June 18, 2016 in Mexico City. Mexican President Enrique Peña Nieto, Supreme Court President Luis María Aguilar, the heads of the Mexican Senate and Chamber of Deputies, and all 32 state governors, among others, attended the ceremony. While the heads of government recognized the importance of the closing of the NSJP’s implementation period, they also acknowledged that the work was just beginning, echoing Congressman Espino’s caution that Mexico still has significant work to do.

Sources:

Notimex. “Diputados avalan en lo general Miscelánea Penal.’” Excélsior. April 28, 2016.

Cámara de Diputados. “Boletín N° 1487: Aprueban diputados, con modificaciones, dictamen a la minuta que reforma la Miscelánea Penal.” LXlll Legislatura. April 28, 2016.

Morales, Alberto and Juan Arvizu. “Aprueba Senado Miscelánea Penal y la regresa a Diputados.” El Universal. June 14, 2016.

Robles de la Rosa, Leticia et al. “Habrá prisión preventiva, solo dos años; aprueban Miscelánea Penal.” Excélsior. June 15, 2016.

New Criminal Justice System: Implementation review through end of 2015

JuiciosOrales.MX.

JuiciosOrales.MX.

01/04/15 (written by kheinle) — States throughout Mexico have less than six months to implement the New Criminal Justice System (Nuevo Sistema de Justicia Penal, NSJP). The constitutionally imposed deadline of June 18, 2016 continues to put pressure on the states to comply. However, at the close of 2015, the majority of Mexico’s 31 states and Federal District (Distrito Federal, DF) has not yet fully implemented or, in some cases, even substantially implemented the NSJP, leaving significant work for the New Year.

For state level reforms, there are six states with fully implemented and operational new judicial systems: Chihuahua, Durango, Morelos, Nuevo León, State of Mexico (Estado de México, Edomex), and Yucatán. Chihuahua was the first state to comply, having been ahead of the 2008 constitutional amendments when it reformed its own Code of Criminal Procedures (Código de Procedimientos Penales) in 2007 that led to the construction of more than 20 new courthouses and courtrooms for oral trials and audiencias de garantía, a special type of hearing under the NSJP. Durango, however, was the first state to comply with the state and federal guidelines, reforming its system at both levels. When oral trials were first heard in the state in December 2009, Durango earned the recognition. Meanwhile Morelos, Nuevo León, and Edomex were, along with Chihuahua and Durango, states that began judicial system reform before 2008. Yucatán’s implementation was at a slower pace, but to date all 35 of the state’s municipalities are in compliance. Along with Chihuahua and Durango, Yucatán is also up to date with federal reforms.

WOLA.

WOLA.

Nine more states are also close to having the NSJP fully implemented and operational, being classified as “mid to high level” (medio alto) in terms of its progress by the Mexican government. These states include Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Federal District, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, and Zacatecas. Of those nine, more than half are also in compliance at the federal level (Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, and Zacatecas). 15 other states then classify at mid-level (medio) implementation at the state level: Aguascalientes, Campeche, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, and Veracruz. Of those, six are also in compliance at the federal level (Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, and Tlaxcala).

The remaining two, Baja California Sur and Jalisco, round out Mexico’s 31 states and Federal District, being classified as mid-low level (medio bajo). According to the Mexican government, at the close of 2015, there was only one municipality in Baja California Sur with the NSJP operational, though it is slated to launch in a second municipality in early January 2016. That leaves three more to become compliant before June. Although it started late in the process, Jalisco has been gradually implementing the new system since October 2014, and is planning a push in mid-January to launch in three more municipalities. Neither Baja California Sur nor Jalisco have yet to comply with the federal reforms.

Despite the quickly approaching June 2016 deadline and significant amounts of work remaining nationwide for states to conform and comply, advocates and analysts have called for Mexico to prioritize quality reform over quantity. Specifically, the Washington Office on Latin America (WOLA) argued in September 2015 after President Peña Nieto (2012-2018) released his Third Governmental Report (“Tercer Informe de Gobierno”) that 40% of the country lacked NSJP implementation. Still, WOLA argued, that does not mean Mexico should privilege quantity over quality, meaning Mexico ought to focus on implementing and operating the system at high levels rather than operating a judicial system at a low quality with low effectiveness across more of the country. “Rather than rush to check boxes, meet requirements, and present immediate results,” WOLA said, “what is important now is to continue to work steadily to overcome obstacles and achieve established goals, even after the 2016 deadline is reached.”

Sources:

Presidencia de la República. “3er Informe de Gobierno, 2014-2015.” Estados Unidos Mexicanos. September 2015.

Meyer, Maureen and Hannah Smith. “Mexico must prioritize quality over quantity in judicial reform process.” Washington Office on Latin America. September 4, 2015.

Juicios Orales. “Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México: estado por estado (Actualización).” JuiciosOrales.MX. Last accessed December 31, 2015.

Juicios Orales. “Implementación estado por estado.” JuiciosOrales.Mx. Last accessed December 31, 2015.

First OASIS training program in Mexico

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OASIS Inauguration. Image: Justice in Mexico.

03/11/15  – From February 16-28, 2015, the Justice in Mexico program based at the University of San Diego’s Department of Political Science and International Relations hosted the first training of the project Oral Adversarial Skill-Building Immersion Seminar (OASIS), at the Law School of the National Autonomous University of Mexico (Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM) in Mexico City. The inauguration of the training program on February 16 included the participation of Alfonso Del Valle, Rule of Law Program Coordinator, International Narcotics and Law Enforcement, U.S. State Department, Dra. Ma Leoba Castañeda Rivas, Dean of the Law School at UNAM, Dra. María de los Ángeles Fromow, Assistant Secretary for Implementation of the New Criminal Justice System (Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, SETEC) Dr. Rodrigo Archundia Barrientos, Assistant Attorney General, Regional Control, Criminal Procedures and Injunctions, Mexican Attorney General’s Office, (Procuraduría General de la República, PGR), Carlos Barragán Salvatierra, UNAM Law Professor and Director of the Criminal Law Seminar, and David Shirk, Director of Justice in Mexico.

The trainings involved a 40-hour course provided by U.S. trained attorneys, including Al Amado, Rachel Carey, Jesus Romero, Carlos Varela, Michael Mandig, Juan García de Acevedo, Peter Mitchell, Janice Deaton. The majority of instructors were U.S. nationals, but some Mexican nationals with substantial training experience were included to provide local perspective. This local perspective proved particularly valuable in adapting the course materials to Mexico’s New Criminal Justice System (Nuevo Sistema de Justicia Penal, NSJP) —especially the New Uniform Code of Criminal Procedure—and establishing rapport with participants.

The participants included over 80 UNAM law school professors and students who are learning how to use and teach oral litigation techniques (e.g., interrogatories, cross examination) in anticipation of the country’s switch to live court proceedings in 2016. The trainings took place in the evening to allow professors and students to attend after their daily activities.

The 40-hour course covered every aspect of oral trial skills and techniques and also introduced “train the trainer” techniques.  During the first week, it focused on oral litigation skills and the second week, on ensuring that participants would be able to replicate aspects of the course, a process known as “Training the Trainers.” On the last day of the course, all 80 participants participated in a “mock trial.”  They got to experience a trial from start to finish, with the OASIS instructors serving as the judge in a case of alleged domestic violence. Following the mock trial, the participants and instructors met for a final plenary session where they shared an open exchange of ideas, reflections on the importance of the course, and a discussion of the course’s impact on their impressions of the overall judicial reform.

Oral Adversarial Skill-Building Immersion Seminar (OASIS)

Oral Adversarial Skill-Building Immersion Seminar (OASIS). Image: Justice in Mexico

The OASIS program is coordinated by Justice in Mexico, a long-standing rule of law initiative based at the University of San Diego. The program is intended to provide trainings to advance the implementation of Mexico’s new criminal justice system. Its aim is to foster exchanges among U.S. and Mexican law professors and students in an effort to improve understanding and cooperation within the legal profession. The program will assist in Mexico’s transition to a new oral, adversarial and accusatory criminal justice system by helping to develop knowledge and skills in the development of statements, presentation of evidence at trial, and other oral advocacy skills. OASIS forms part of the Mérida Initiative, a multi-billion dollar effort by the U.S. government to cooperate with Mexico in combating crime and violence, promoting judicial reform, improving border security, and strengthening civil society.

To read more about the program, go to the OASIS website: www.justiceinmexico.org/oasis-program.