Artículo de opinión: “BREVES REFLEXIONES DE UN JUZGADOR EN TORNO A ALGUNOS ASPECTOS DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE REFORMA PROCESAL PENAL EN MÉXICO”

El Magistrado Pablo Héctor González Villalobos, instructor en nuestro proyecto OASIS, comparte algunas reflexiones personales sobre el proyecto de iniciativa de reforma procesal penal en México.

Sala de Juicios Orales
Fuente: La Jornada Baja California

Pablo Héctor González Villalobos.

Como se hizo del conocimiento público a través de los medios de comunicación, el pasado 15 de enero de 2020 la Fiscalía General de la República estuvo a punto de presentar la iniciativa de un paquete de reformas al sistema penal mexicano. Se trata de un proyecto de honda envergadura que incide, fundamentalmente, en dos aspectos: a) la estructura orgánica de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial de la Federación (junto con algunas medidas destinadas a controlar, desde una óptica de política criminal, el ejercicio de la función judicial), y; b) el proceso penal.

En este breve trabajo me ocuparé solamente de este último aspecto, en atención a que, aunque ha sido menos comentado en medios de comunicación, tienen hondas consecuencias de las que vale la pena prevenirnos. Además de que, por mi experiencia como juzgador en el sistema penal mexicano, es el ámbito que mejor conozco y en el que, por tanto, estas sucintas reflexiones pueden resultar de mayor utilidad.

Para tal efecto, me ocuparé de dos temas: la problemática que la iniciativa genera en relación con el principio de imparcialidad y la pérdida o vaciamiento de la audiencia como el espacio natural de tutela del debido proceso penal.

A).- LA PROBLEMÁTICA QUE LA  INICIATIVA GENERA EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.

Parece claro que la iniciativa responde a la creencia de que su contenido hará más eficaz el proceso penal como instrumento para abatir, o al menos disminuir, la impunidad. Se trata, sin duda, de una finalidad que debe atenderse de manera urgente, dados los altos índices de impunidad que existen en nuestro país. El problema, por tanto, no es de fines, sino de medios que, a nuestro entender, no son los adecuados para la consecución de aquéllos.

Dicho de manera breve, el Estado debe, al mismo tiempo, respetar el debido proceso y ser efectivo en la delicada tarea de castigar penalmente a quienes han atentado seriamente en contra de la paz y la seguridad de los miembros de una comunidad.  Pero la iniciativa parece caer en la trampa de establecer una disyuntiva entre ambas obligaciones. Lo cual es un falso dilema, ya que sin debido proceso no hay justicia y sin justicia no hay legítimo combate al delito y al delincuente. Esto último, no solo porque sin las garantías del debido proceso no se sabe en realidad si, quien aparece como culpable, efectivamente lo es, sino, además, y de manera fundamental, porque sin debido proceso se pierde la superioridad moral que legitima el uso del poder público del Estado en contra de los ciudadanos. En efecto, sin debido proceso se difuma la diferencia entre una cárcel del Estado y la casa de seguridad de una banda de secuestradores.

Ahora bien, como es sabido, el debido proceso legal constituye un derecho fundamental complejo que tiene su origen en el derecho anglosajón. Su antecedente más remoto se ubica en el artículo 39 del texto original de la Carta Magna de Juan Sin Tierra, signada, mediante coacción de los barones de la tierra ingleses, en el año de 1215.  Desde entonces, y con los desarrollos posteriores de Coke y Blackstone, así como, fundamentalmente, con su incorporación al derecho norteamericano, ha evolucionado de manera significativa. Finalmente, se incorporó al derecho internacional de los derechos humanos, con su formidable desarrollo durante la segunda mitad del siglo XX.

En un lenguaje sencillo, se puede definir el debido proceso legal como el conjunto de condiciones que, cuando se cumplen, permiten calificar de justa la solución al conflicto. Dicho en una feliz expresión del maestro Miguel Sarre: “el debido proceso es lo que hace la diferencia entre la justicia y la venganza”.

En todo caso, el principio de imparcialidad judicial (no así, por ejemplo, el de la independencia de los jueces) es un componente del debido proceso desde sus orígenes y hasta nuestros días. De manera que sin la posibilidad de acceder a un tribunal imparcial para que resuelva el conflicto, no es posible calificar de justa la solución al mismo. Y esto es precisamente lo que ocurre con la iniciativa que se comenta, particularmente en dos aspectos, que son de suma gravedad. A saber:

En primer término, la idea de atribuir al juez penal el papel de director de la investigación. Se trata de un concepto propio del inquisitivo medieval, que supone renunciar, prácticamente de forma absoluta, a la idea de un juez imparcial. En el inquisitivo, la confusión de funciones respondía a una concepción ontológica de la Verdad (entendida así, con mayúscula), como un concepto unitario, cuya realidad es independiente de que sea conocida o no, y que, no obstante, es una Verdad dada y que está ahí para ser conocida.  Cuando se concibe así, es lógico que el descubrimiento de esa Verdad pueda ser encomendado a un único funcionario. Pues una vez descubierta, esa Verdad permitirá hacer justicia.

Sin embargo, en una concepción adversarial, y por lo tanto dialéctica, del proceso, existe una correspondencia con la idea de que la verdad procesal (que sin embargo no renuncia a ser un correlato con lo que ocurrió), no es una verdad dada y que está ahí para ser descubierta, sino una verdad que se construye a partir de un ejercicio dialéctico entre la tesis de la fiscalía y la antítesis de la defensa. De manera que el hecho que el juez tiene por demostrado en su sentencia, constituye la síntesis o conclusión.

En este orden de ideas, la concepción ontológica de la Verdad, aunque sea un concepto que tenga sentido en otros ámbitos de la razón humana, no puede seguir siendo la finalidad del proceso penal. Porque, aunque esa Verdad sea inteligible, las limitaciones del conocimiento humano en general, y de la actividad probatoria en particular, no permiten plantear legítimamente la encomienda de la función de investigación en el mismo funcionario que va a emitir el juicio sobre los hechos, dado que ello supone un enorme y permanente riesgo de sesgos indebidos y, por tanto, de sacrificio al principio de imparcialidad.

En segundo lugar, el principio de imparcialidad también sufre un grave atentado con la propuesta de la iniciativa de encomendar a un solo juez (que además es el director de la investigación), el trámite tanto de las etapas preliminares como del juicio en sentido estricto. La idea de separar las funciones de juez de control y de juez de juicio, que surge entre nosotros a partir de la reforma procesal penal que se incorporó a la Constitución de la República en 2008, fue precisamente la de garantizar que el juez de juicio, por no tener ningún conocimiento previo sobre los hechos materia del proceso, no tuviera prejuicio alguno y, por lo tanto, estuviera garantizada su imparcialidad. Con ello resulta claro que la eliminación de la distinción de que se trata, conduce a un estado de cosas en el que el Juez que dirigió la investigación y tramitó las etapas preliminares, difícilmente será un juzgador imparcial a la hora de emitir sentencia.

B).- LA PÉRDIDA O VACIAMIENTO DE LA AUDIENCIA COMO ESPACIO NATURAL DE TUTELA DEL DEBIDO PROCESO.

Para comprender mejor la idea a la que se refiere el subtítulo de este segundo y último apartado, es conveniente tomar como punto de partida el concepto de controles procesales. Se trata de un término poco habitual entre nosotros y que hace referencia a los instrumentos que, en un proceso (en este caso) penal, garantizan fundamentalmente dos cosas: a) que en el curso de una investigación penal o en el trámite de un procedimiento penal, no se cometan violaciones a derechos fundamentales, y; b) que sea fiable la información sobre cuya base un tribunal finca un juicio de reproche.

Las formalidades son una especie de controles procesales y son las únicas que existen como tales cuando el procedimiento se tramita en un expediente. Ocupémonos, para los fines de estas breves reflexiones, en aquéllas que garantizan la fiabilidad de la información. Para entender correctamente esta función, primero debe tenerse claro que, en una metodología del expediente, se produce una confusión entre expediente, proceso, causa y juicio. Y, de manera análoga, se confunde la prueba con el acta en la que se documenta la prueba. Así, el testimonio de María deja de ser la testigo sentada en el estrado declarando, para pasar a ser la declaración de María, tal como fue documentada en el acta que se incorporó al expediente.

Suelo ilustrar esta situación con una metáfora “rulfeana”. A mí me ocurrió, y seguramente esta situación era habitual en mi generación (y quizá no sólo en la mía), que en la clase de Español la maestra explicó que Pedro Páramo es una novela que trata de un señor llamado Juan Preciado que fue a Comala porque le dijeron que ahí vivía su padre, a reclamar la parte de la herencia que le correspondía. Agregó la maestra que Preciado de pronto se dio cuenta de que estaba hablando con los muertos. Pero en realidad esto es inexacto. Los muertos ya están muertos. Lo que pasa es que nos dejaron sus voces. Con quien Juan hablaba es con las voces que dejaron los muertos. De hecho, el título original de la novela era “Los Murmullos”.

Ahora bien, lo mismo ocurre en un expediente. Porque el expediente no es otra cosa que un conjunto de “murmullos” documentados. Es decir, cuando un testigo declara y su narración se documenta, el acta correspondiente se convierte en la prueba y es lo único que queda, ya que la persona se “muere” procesalmente, es decir, se torna irrelevante. Me explico: por virtud del principio de inmediatez (que no inmediación) procesal, las primeras diligencias del procedimiento deben prevalecer sobre las posteriores, en virtud de que, como decía la vieja jurisprudencia de la Corte, no ha habido tiempo ni para el aleccionamiento ni para la reflexión. Si el testigo comparece posteriormente y quiere cambiar su versión, será él quien tenga la carga de la prueba para justificar por qué debemos creerle a lo que viene a decir ahora, y no al “murmullo” que nos dejó en su declaración inicial.

Siendo esto así, es imperativo entonces cuidar las declaraciones tan pronto se documenten. Son la columna vertebral del expediente. Por eso, se requieren controles, llamados formalidades, destinados a garantizar dos cosas: a) que la información sea auténtica, es decir, que si María declaró que vio a Hipólito disparar a Rosita, efectivamente María haya dicho eso, y; b) que la declaración, una vez documentada, permanezca inalterada durante la vida del expediente, dado que este instrumento de metodología procesal se trabaja en ausencia de las partes y no puede descartarse la existencia de incentivos para alterarlo (derivados, lógicamente, de la confusión entre prueba y acta en la que se documenta la prueba: si ésta última es lo único o casi lo único relevante, basta con tener la posibilidad de manipularla para tener en nuestras manos la suerte del proceso).

Las primeras, es decir, las formalidades que garantizan la autenticidad de la información, son aquéllas que exigen que: la declaración sea por escrito, firmada por el testigo y por el funcionario que la recibe, ante un secretario o dos testigos que den fe (precisamente de que la información es auténtica), etcétera.

Las segundas, o sean las que garantizan que la información una vez documentada no sufra alteraciones, son tales como: que las fojas que conforman el expediente sean cosidas, foliadas y selladas; que al final de cada párrafo se tire una línea hasta el final, de manera que el espacio en blanco no pueda ser reutilizado; y que si se comete un error, se teste la parte correspondiente, de forma que el texto original siga siendo legible, y se “salve” antes de cerrar el acta.

Ahora bien, he decidido explicar lo anterior porque, en mi experiencia, uno de los aspectos más difíciles de asumir en una transición desde una metodología del expediente hacia una metodología de audiencias, es precisamente la comprensión del papel que, en cada una de ellas, juegan los controles procesales, particularmente aquéllos que garantizan que la información sea fiable. En efecto, en una metodología de audiencias, la calidad de la información está garantizada, en lo fundamental, por la audiencia misma. A ello es a lo que se refiere la feliz expresión de Ferrajoli que afirma que “la audiencia es la garantía de las garantías”. Es la audiencia, con sus principios rectores, el instrumento que permite confiar en la información que se produce en la misma. ¿Qué sentido tiene exigir formalidades para garantizar la autenticidad del testimonio de María, si es María misma quien declara de viva voz, en público, en presencia del juez y sujeta al contraexamen? ¿Qué sentido tiene pedir formalidades que garanticen que la prueba no se altere, si el tribunal debe valorarla inmediatamente, en la misma audiencia (principios de continuidad y concentración)? Esto, y no otra cosa, es lo que significa el principio que postula que, en una metodología de audiencias, la investigación es flexible y desformalizada. Porque exigir formalidades en la investigación conduce a pre-constituir prueba y, por tanto, a vaciar la audiencia, ya que entonces la información no se produce durante su celebración, sino antes, y lo que es más grave, sin el resguardo de la audiencia misma y de sus principios rectores.

Las formalidades de las actuaciones policiacas y de ciertos actos de investigación solo tienen la función de permitir el control de la calidad de la información que se produce en la audiencia, que es la única valorable, pero no de sustituirla. Por la sencilla razón de que solo tiene el carácter de prueba la que se produce en la audiencia en presencia del tribunal (principio de inmediación).

Con esto, me parece, queda claro el segundo grave problema del proyecto de iniciativa de reforma procesal penal al que he dedicado estas breves reflexiones. Me refiero a que regresa a una investigación formalizada, que pre-constituye prueba y que vacía la audiencia. Es decir que, al retomar la sustitución del testigo por su “murmullo”, trastoca en uno de sus aspectos más relevantes, la lógica de un sistema acusatorio, en el que, como se ha dicho con razón, la “audiencia es la garantía de las garantías”. Si además el proyecto se adereza con un uso extensivo de la prisión preventiva oficiosa y con la disminución de controles preliminares, la mesa está servida para el desastre que el mismo implica para el debido proceso. Me atrevería a decir que se trata de un retroceso, no de 20 años, sino de 200.

Justice in Mexico presents findings from 2017 Justiciabarómetro report to a Mexican delegation

11/22/17- On Thursday, November 16, 2017 the Justice in Mexico program welcomed a delegation of Mexican law professors and experts sponsored by the U.S. State Department and hosted by the San Diego Diplomacy Council and offered a presentation of the results of the 2016 Justiciabarómetro survey of Mexican judges, prosecutors, and public defenders.

The State Department-sponsored visit was organized by the San Diego Diplomacy Council through the Global Ties network. The delegation comprised a group of twenty law professors, judges, researchers, and administrators from several institutions located in ten different states throughout the country, including law schools and graduate degree programs.

On behalf of the Justice in Mexico program, David Shirk and Octavio Rodriguez presented a  PowerPoint presentation of the results of the 2016 Justiciabarómetro survey of Mexican judges, prosecutors, and public defenders. A full list of the members of the delegation is provided below.

The Justiciabarómeter is an innovative diagnostic tool for analyzing the criminal justice sector through the eyes of the professionals who serve in key positions within the system, including judges, prosecutors, public defenders, and police.

Members of the delegation were especially interested in the research methodology and raised several questions about the findings, which generally noted the increased support among judicial sector professionals for the country’s transition to a new oral, adversarial model of criminal procedure in 2016.

Universidad Autonomá de Baja California (UABC) delegate Jorge Díaz Zazueta, who collaborated with Justice in Mexico for the implementation of the survey, noted that the Justiciabarómetro provides invaluable policy insights on the Mexican criminal justice system. Specifically, he noted, the survey results were useful in identifying areas of need for further training of judicial sector personnel in the state of Baja California.

The delegates also made several suggestions for future iterations of the survey, including the possibility of partnering with their home institutions to replicate the survey with other criminal justice sector operators in 2020. Overall, the visit provided an important opportunity to share the results of the study and allow a fruitful exchange of ideas among experts working to improve Mexico’s criminal justice system.

Impunity in Mexico: A Rising Concern

Written by Jose Luengo-Cabrera & Tessa Butler, Institute for Economics and Peace.

The failure or inability to penalize criminals in Mexico is a widespread phenomenon. In 2016, it was estimated that only 9 out of every 100 crimes resulted in convictions. Amid growing concerns over impunity, citizens need to feel confident that their government can protect them and that they can trust the authorities in the enforcement of the law. The government’s efforts, however, continue to fall short of citizens’ expectations.

The percentage of citizens reporting impunity as their most worrisome issue has been on the rise in Mexico.  Despite insecurity and unemployment being worrisome for a higher percentage of citizens, the number of those concerned about impunity more than doubled between 2012 and 2016, overtaking narco-trafficking at a time when the trend for corruption has also been on the rise.

Gauging the degree of impunity in Mexico remains elusive. This is largely due to the fact that the collection of data on crimes is hampered by the high levels of underreporting – itself a consequence of distrust in the authorities’ ability to respond to crimes. Underreporting has been exacerbated by a lack of transparency in the methods of statistical collection, with major discrepancies identified across the 32 states, as explored in the ‘Verifying Mexico’s Official Crime Data’ subsection of the 2017 Mexico Peace Index. Consequently, any data-driven estimates are bound to generate inferences that provide only a partial diagnostic of the true magnitude of violence, not to mention the extent to which the authorities are responding to it.

The problem of underreporting

The most significant indication of this challenge comes from the Encuesta Nacional de Victmización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), Mexico’s annual victimisation survey carried out by the national office of statistics (INEGI). In its 2016 iteration, it showed that 93.7 percent of crimes in 2015 were either not reported to the authorities, or went uninvestigated. Dubbed as the cifra negra (black figure), 2015 saw the second highest percentage of underreporting since 2010. When broken down by type of crime, levels of underreporting have been the highest for cases of extortion, reaching a peak of 99 percent in 2014.

The cifra negra phenomenon is a symptom of the state of Mexico’s criminal justice system. Indeed, the 2016 ENVIPE results show that 63 percent of citizens did not report a crime for reasons attributable to the authorities. Thirty-three percent of citizens who did not report a crime stated that it was due to perceiving it as a waste of time, while 17 percent claimed it was the result of distrust in the authorities. Moreover, 50.4 percent of the citizens that did report a crime claimed that treatment by the authorities was ‘bad’ or ‘very bad’.

This reality is compounded by results that shed light on the levels of citizen trust and perceptions of corruption across public security authorities. According to the 2016 ENVIPE results, an average of 45 percent of citizens reported to have ‘little’ or ‘no trust’ in the public security authorities – namely police, judges, state attorney generals and the public ministry. The average figure was 64.4 percent for those who perceived the same entities as corrupt.

The latest available data from 2014 shows that citizen trust in the enforcement of the law was pervasively low across states. The highest percentage was recorded in Chiapas, where no more than 14 percent of citizens perceived that criminals were being penalized. Nationally, close to 11 percent of the population reported the belief that criminals were never punished, with just over five percent believing it was always the case. Seventy-two percent reported it as sometimes being the case. In addition, out of the total crime investigations initiated in 2015 by the Public Ministry (Ministerio Público), 45.9 percent of them were either left unresolved or where no action was taken, with 25.9 percent remaining in process. Reparations were made in only eight percent of cases.

A nationwide phenomenon

The failure or inability to penalize perpetrators of crime in Mexico can be considered nationally ubiquitous. According to the 2016 Global Impunity Index (GII), the average score for the 32 Mexican states was 67.42 points on a scale of 0-100, where 0 represents a total absence of impunity. It placed Mexico 58th out of a total of 59 countries under study.

The impunity variance across states was small; 24 states were within ten points of the worst score of 77 recorded in Quintana Roo. This is an indication that impunity in Mexico is a nationwide phenomenon, especially when considering that three quarters of state impunity scores were within approximately six points of each other.

Mexico’s poor international ranking in the GII highlights the country’s structural weaknesses in addressing impunity, as explored in section four of the 2017 Mexico Peace Index. For example, the national average of magistrates and judges per every 100,000 people in Mexico was estimated at 3.5. The average for countries included in the GII was 16, or 4.5 times the level in Mexico. Moreover, there were 20 penitentiary officers for every 100 inmates in Mexico. The average across countries included in the GII was more than double that amount, 47 officers per every 100 inmates. In addition, according to the latest available data, Mexico’s prisons were found to be 12 percent over capacity, with some states facing prison overpopulation rates as high as 164 percent.

A barrier to peacefulness

High levels of impunity imply that the rule of law is not being fully enforced and that state governments are failing to provide adequate funding for the provision of justice. Notwithstanding, some notable progress has been made. For example, the investigation rate for torture complaints carried out by the office of the Federal Attorney General improved by four-fold between 2013 and 2014 alone, increasing from 17 percent to 67 percent.

This sudden increase could be attributable to better prosecution and investigation procedures. However, it could also be the result of rising political pressure to investigate human rights violations in the wake of the 2014 enforced disappearance (Desaparición Forzada) of 43 students in Iguala – where police officers were arrested for having tortured 17 suspects.

Moreover, the high level of impunity for violence against journalists undermines efforts to disseminate information on crime and the activities that support it. This is particularly telling considering that the number of media professionals murdered was three times higher in 2016 than in 2002, despite a downward trend since a peak of 143 murders in 2012.

Mexico has made and continues to make significant strides in improving the rule of law and the quality of governance. The rule of law and the provision of justice are two critical aspects of the well-functioning government domain of Positive Peace. Where impunity remains high, it stands as a barrier to peacefulness. Better legal processes for filing citizen complaints, tracking the instances of human rights violations, and investigating cases can reduce impunity and improve peace.