09/25/2018 (escrito por Alejandro Morán) – Durante los días 6 y 7 de septiembre de 2018, se llevó a cabo el IV Simposium Internacional sobre Sistemas de Justicia Orales Adversariales en el marco del programa Oral Adversarial Skill-Building Immersion Seminar. El evento fue organizado por el programa Justice in Mexico de la Universidad de San Diego en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. En el evento de dos días de duración, se expusieron temas relevantes al funcionamiento y la evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) en México.
El Simposium dio inicio con una Conferencia Magistral a cargo del Doctor Sergio García Ramírez en la que desarrolló un profundo análisis del SJPA. El Dr. García Ramírez habló acerca de las herencias de los siglos pasados, la liberal y la positivista y la necesidad de armonizarlas. Criticó al sistema de justicia como uno punitivo y no de justicia, haciendo énfasis en la palabra reinserción dentro del sistema y expuso la necesidad de generar especial énfasis en la seguridad humana y la justicia formal. De igual forma García Ramírez cuestionó la capacidad operativa de los principales actores dentro del sistema, usando una analogía de una obra de teatro, brindando especial atención a la figura del policía como “el actor principal de la obra”.
En el panel“Retos y avances en el sistema de justicia en México”, el ex Embajador de México en los Estados Unidos, Miguel Basáñez, expuso los resultados de un programa de capacitación a jueces mexicanos llevado a cabo en las ciudades de Boston (E.E.U.U.), Santiago (Chile) y Bogotá (Colombia) que permitieron identificar los 15 eslabones principales para poder afianzar la transición al SJPA: 1) respaldo político total; 2) exigencia de la sociedad civil; 3) reformas legales; 4) plataforma informático-tecnológica; 5) responsabilidad mediática; ; 6) apoyo académico; 7) colegiación obligatoria; 8) profesionalización de policías; 9) profesionalización de fiscalía y defensoría; 10) Infraestructura; 11) símbolos e incentivos a operadores; 12) estadística; 13) capacitación permanente; 14) administración especializada; y 15) ejecución de penas y sistemas carcelarios. Dentro de ellos, el Embajador Basáñez destacó como los principales el respaldo político y el apoyo de la sociedad civil. Posteriormente, la Doctora María de los Ángeles Fromow Rangel, ex Directora de la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SETEC), se enfocó en la importancia de establecer un modelo de conformación del servicio profesional de carrera, sobre un sana y operativa trilogía de investigación (policía, ministerio público y peritos), así como en la importancia de homogenizar las carpetas de investigación en el país. Por su parte, el Maestro Juventino Pérez Gómez, encargado de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto en el estado de Oaxaca, mencionó que para la etapa de consolidación del sistema se tienen que considerar las relaciones de los principales operadores, poniendo especial análisis en la relación ministerio público-policía, recalcando que aún falta un plan de investigación, y además, que existen problemas serios en la operación del SJPA, en especial en el caso de Oaxaca y sus 570 municipios. Asimismo el Mtro. Pérez Gómez se unió a la conclusión del importante papel que juegan la sociedad civil, y las partes en general dentro del proceso.
En la mesa panel “Justicia en Marcha” se expusieron los resultados preliminares de un proyecto de investigación estadística del SJPA desarrollado por Justice in Mexico, el cual reúne a un grupo de destacados egresados de la UNAM que además, fueron participantes en los distintos seminarios de litigación que dicho programa de la Universidad de San Diego, lleva a cabo a través de su proyecto OASIS. En la mesa, moderada por el Maestro Octavio Rodríguez Ferreira, el Licenciado Alfredo Ramírez Percastre comenzó resaltando la falta de indicadores suficientes para evaluar el SJPA de una manera eficiente y que los existentes no son útiles para el diagnóstico. El ponente presentó los resultados de una encuesta piloto sobre los retos y losgros del SJPA, y señaló como principales retos la corrupción, los medios obsoletos de investigación y la no utilización de mecanismos alternativos. De la misma forma resaltó mayor honestidad en los operadores, comparando con indicadores que sugieren que el 76% de los operadores afirman sentirse preparados para el SJPA a diferencia del 93% de los operadores encuestados en 2016 por Justice in Mexico, a través de la iniciativa Justiciabarómetro. Acto seguido, El Licenciado Héctor Esteban García destacó varios problemas actuales en la operación del SJPA, como es el poco uso del procedimiento abreviado que en México apenas alcanza un 40% mientras que en otros sistemas (por ejemplo en los Estados Unidos) la media nacional sería de un 93 a un 97 porciento. También se identificó el uso excesivo de la prisión preventiva en varios estados de la república, destacando a Jalisco con un 46 porciento de uso de la medida precautoriua y a Puebla con un 41 porciento. Como parte de la misma iniciativa “Justicia en Marcha”, el Maestro Juan García expuso los resultados de un estudio comparado de casos tanto en el sistema tradicional, como en el SJPA, en donde cotejó diversos aspectos dentro de ambos sistemas, como las duración del proceso; el tamaño de los expedientes en cuanto su número de fojas; así como la cantidad de pruebas presentadas en juicio. El maestro García destacó una mayor rapidez y eficiencia del SJPA, en donde, sólo por mencionar un ejemplo, se excluyen un gran número de pruebas irrelevantes, a diferencia de lo que ocurría en el sistema tradicional. Para cerrar dicho panel, la Licenciada Pamela Soto Valdivieso, habló de la importancia de la capacitación de los operadores, y destacando que, de acuerdo a los resultados preliminares de la iniciativa “Justicia en Marcha”, apenas el 23 por ciento de capacitaciones son realizadas por parte del gobierno federal, mientras que el 77 por ciento, son realizadas por instituciones extranjeras, como lo es OASIS. Con respecto a esta iniciativa de capacitación de Justice in Mexico, la Lic. Soto anunció el desarrollo de un manual para la capacitación en destrezas de litigación oral, que contendrá todos los elementos del procedimiento, y cual estará disponible para todo el público.
El primer día de actividades concluyó con el panel “Riesgos de contra reforma”, moderado por la Maestra Susana Martínez Hernández, investigadora del Instituto Belisario Dominguez. En dicho panel, el Mtro. Carlos Ríos Espinosa, investigador de Human Rights Watch y experto en reforma penal, expuso sobre la historia de la reforma y su recibimiento, abundando en los intentos de contra reforma desde 2014. El Mtro. Ríos Espinosa comentó acerca de la ampliación de un régimen de excepción dentro del mismo SJPA, en el que “se crea un régimen paralelo al sistema y este sólo lo entorpece generando leyes que violan DDHH” y puso como ejemplo la ley de seguridad interior. Según Ríos Espinosa, otro factor altamente problemático es el de las resoluciones de los jueces que tienden a ser contrarias al sistema, lo que genera que la credibilidad social se pierda. A su vez, el Dr. Carlos Galindo, investigador del Instituto Belisario Domínguez, expuso cómo se ha ido modificando el SJPA atendiendo a temas políticos y a presión social, como en el caso de Chihuahua, que a pesar de no haber redactado originalmente un catálogo para la prisión preventiva oficiosa, a raíz de un caso se terminó por redactar uno, como ha ocurrido en todos los estados del país. El Dr. Galindo habló también de varios casos de intentos de contra reforma de baja escala, como el último del 30 de agosto del presente año, que propone introducir los delitos de corrupción al catálogo de prisión preventiva oficiosa. Haciendo eco de la misma problemática, la Maestra María Novoa, Coordinadora del Programa de Justicia, en México Evalúa, comentó resaltó la presión social en contra del SJPA, e identificó varios factores (como el incremento en la violencia) que se han relacionado de manera imprecisa con la implementación del SJPA y del principio de presunción de inocencia, provocando que: “socialmente se [haya] generado la idea de que a más encarcelados, más justicia”, lo que harepercutido de manera negativa en las resoluciones de los jueces, pues a nivel federal, manifestó Novoa, “7 de 10 solicitudes de prisión preventiva son otorgadas y a nivel estatal 9 de 10”. Novoa además desarrolló otros temas importantes como el fenómeno de la puerta giratoria, el tema de la reincidencia delictiva, concluyendo que lo anterior ocurren en un mayoría por una mala operación y falta de implementación, más que por un problema del sistema en sí, poniendo en evidencia que, por ejemplo, de las 32 Unidades de Medidas Cautelares (OMECAS) posibles, a la fecha sólo existen tres en el país.
El segundo día de actividades del Simposium inició con la mesa panel: “Reformas procesales en Latinoamérica”, moderada por el Mtro. Pablo Héctor González Villalobos, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Chihuahua, en la cual se expusieron las perspectivas comparadas de Chile, Colombia y Argentina, en sus reformas procesales. El Maestro Claudio Pávlic, defensor público en la reforma chilena, abrió la mesa hablando de la implementación del sistema en Chile en el 2000, y de cómo desde los cinco años de su entrada en vigor ya se veía una considerable disminución en la población penitenciaria. Expuso que consideraba como factores importantes el hecho de que existió un apoyo político significativo, de que había transparencia y publicidad en las audiencias—lo cual provocó críticas de los medios de comunicación y del público en general que detonaron cambios importantes al sistema. De la misma forma, Pavlic destacó la gran cantidad de información estadística disponible, que identificaba los problemas del sistema y la evaluación de los operadores, esta última realizada por inspectores que eran los mismos operadores del sistema. Posteriormente, La Mtra. Ana María Ramos, Directora Ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia, expuso que existen serios problemas con el sistema colombiano, siendo el problema principal la eficacia. Dijo también que existe un descontento social que ha generado que se promuevan reformas como reducción de beneficios al imputado o quitar el procedimiento abreviado, que terminan por entorpecer el sistema. Ramos advirtió que identifica muchas similitudes en las discusiones actuales en México con las que Colombia tuvo hace unos años. Por último, el Dr. Máximo Langer, Director del Programa de Justicia Penal en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), señaló que existen problemas parecidos en Argentina y en México. Mencionó que si bien la celeridad de los procesos aumentó, aún existen problemas en cuanto a la investigación, particularmente de los delitos graves, e igualmente identificó la eficacia como el principal problema de los sistemas de corte acusatorio. El Dr. Langer continuó hablando de la importancia del procedimiento abreviado y dijo que, para muchos, es este el sistema, y no tanto la oralidad del proceso. Según Langer, apenas el 45 por ciento de los casos en Argentina, se van por esta vía.
El Simposium concluyó con el panel “Retos en la reforma a los planes de estudio”, que reunió a directores de las facultades de derecho de la UNAM, el Dr. Raúl Contreras Bustamante; la UANL, el Mtro. Oscar Lugo Serrato; y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Dr. Luis Ochoa Bilboa; y moderada por la Maestra Trilce Ovilla Bueno, Coordinadora de Asuntos Internacionales y Multidisciplinarios en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la que se analizaron los retos de la reforma a los planes de estudio en las facultades de derecho mexicanas. Dr. Raúl Contreras expuso los cambios que se han generado en la UNAM respecto a su plan de estudios. Comentó que la Facultad busca un enfoque transversal enfocado en temas como los derechos humanos, la equidad de género y las convenciones internacionales, poniendo especial atención en los temas de la constitucionalidad y la convencionalidad. Afirmó que se buscan sistemas de estudio flexibles y rescató el hecho de la autonomía de la UNAM para realizar estas acciones a diferencia de otras instituciones internacionales. El Mtro. Oscar Lugo expuso que en la UANL se ha estudiado el perfil que se necesita para el abogado, y que se ha buscado un estudio multidisciplinario adecuándose a los cambios al sistema de justicia, introduciendo materias como la de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) , así como la materia de litigación oral, como obligatoria para los ocho mil estudiantes de la licenciatura de derecho de la UANL. Por último, el Dr. Luis Ochoa se enocó en la renovación de los planes de estudio que se lleva a cabo cada 5 años en la BUAP. Sin embrago el Ochoa alertó sobre la poca cantidad de investigadores con los que cuenta la carrera de Derecho en la BUAP, y sobre “resistencia por investigar”, en donde los alumnos dan mayor importancia a las cuestiones prácticas que enseñan los abogados litigantes, antes que en el desarrollo de investigación original, concluyendo que este es un problema importante para la implementación y modernización de de planes de estudio a la luz del SJPA.
El IV Simposium Internacional sobre Sistemas de Justicia Orales Adversariales marcó la conclusión de otro exitoso año de actividades del proyecto OASIS de Justice in Mexico de la Universidad de San Diego, en su colaboración con las facultades públicas de derecho más grandes de México. En los próximos meses, el proyecto estará arrancando los Talleres de Litigación Oral en la UANL, la UdeG y la BUAP, continuando con su esfuerzo permanente para la actualización y capacitación continua de los operadores del sistema de justicia en México.
Gracias por darnos la oportunidad de escuchar a los expertos y juntos analizar el estado actual del sistema y con ello poder mejorar. Atte. Esperanza García