Artículo de opinión: “BREVES REFLEXIONES DE UN JUZGADOR EN TORNO A ALGUNOS ASPECTOS DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE REFORMA PROCESAL PENAL EN MÉXICO”

El Magistrado Pablo Héctor González Villalobos, instructor en nuestro proyecto OASIS, comparte algunas reflexiones personales sobre el proyecto de iniciativa de reforma procesal penal en México.

Sala de Juicios Orales
Fuente: La Jornada Baja California

Pablo Héctor González Villalobos.

Como se hizo del conocimiento público a través de los medios de comunicación, el pasado 15 de enero de 2020 la Fiscalía General de la República estuvo a punto de presentar la iniciativa de un paquete de reformas al sistema penal mexicano. Se trata de un proyecto de honda envergadura que incide, fundamentalmente, en dos aspectos: a) la estructura orgánica de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial de la Federación (junto con algunas medidas destinadas a controlar, desde una óptica de política criminal, el ejercicio de la función judicial), y; b) el proceso penal.

En este breve trabajo me ocuparé solamente de este último aspecto, en atención a que, aunque ha sido menos comentado en medios de comunicación, tienen hondas consecuencias de las que vale la pena prevenirnos. Además de que, por mi experiencia como juzgador en el sistema penal mexicano, es el ámbito que mejor conozco y en el que, por tanto, estas sucintas reflexiones pueden resultar de mayor utilidad.

Para tal efecto, me ocuparé de dos temas: la problemática que la iniciativa genera en relación con el principio de imparcialidad y la pérdida o vaciamiento de la audiencia como el espacio natural de tutela del debido proceso penal.

A).- LA PROBLEMÁTICA QUE LA  INICIATIVA GENERA EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.

Parece claro que la iniciativa responde a la creencia de que su contenido hará más eficaz el proceso penal como instrumento para abatir, o al menos disminuir, la impunidad. Se trata, sin duda, de una finalidad que debe atenderse de manera urgente, dados los altos índices de impunidad que existen en nuestro país. El problema, por tanto, no es de fines, sino de medios que, a nuestro entender, no son los adecuados para la consecución de aquéllos.

Dicho de manera breve, el Estado debe, al mismo tiempo, respetar el debido proceso y ser efectivo en la delicada tarea de castigar penalmente a quienes han atentado seriamente en contra de la paz y la seguridad de los miembros de una comunidad.  Pero la iniciativa parece caer en la trampa de establecer una disyuntiva entre ambas obligaciones. Lo cual es un falso dilema, ya que sin debido proceso no hay justicia y sin justicia no hay legítimo combate al delito y al delincuente. Esto último, no solo porque sin las garantías del debido proceso no se sabe en realidad si, quien aparece como culpable, efectivamente lo es, sino, además, y de manera fundamental, porque sin debido proceso se pierde la superioridad moral que legitima el uso del poder público del Estado en contra de los ciudadanos. En efecto, sin debido proceso se difuma la diferencia entre una cárcel del Estado y la casa de seguridad de una banda de secuestradores.

Ahora bien, como es sabido, el debido proceso legal constituye un derecho fundamental complejo que tiene su origen en el derecho anglosajón. Su antecedente más remoto se ubica en el artículo 39 del texto original de la Carta Magna de Juan Sin Tierra, signada, mediante coacción de los barones de la tierra ingleses, en el año de 1215.  Desde entonces, y con los desarrollos posteriores de Coke y Blackstone, así como, fundamentalmente, con su incorporación al derecho norteamericano, ha evolucionado de manera significativa. Finalmente, se incorporó al derecho internacional de los derechos humanos, con su formidable desarrollo durante la segunda mitad del siglo XX.

En un lenguaje sencillo, se puede definir el debido proceso legal como el conjunto de condiciones que, cuando se cumplen, permiten calificar de justa la solución al conflicto. Dicho en una feliz expresión del maestro Miguel Sarre: “el debido proceso es lo que hace la diferencia entre la justicia y la venganza”.

En todo caso, el principio de imparcialidad judicial (no así, por ejemplo, el de la independencia de los jueces) es un componente del debido proceso desde sus orígenes y hasta nuestros días. De manera que sin la posibilidad de acceder a un tribunal imparcial para que resuelva el conflicto, no es posible calificar de justa la solución al mismo. Y esto es precisamente lo que ocurre con la iniciativa que se comenta, particularmente en dos aspectos, que son de suma gravedad. A saber:

En primer término, la idea de atribuir al juez penal el papel de director de la investigación. Se trata de un concepto propio del inquisitivo medieval, que supone renunciar, prácticamente de forma absoluta, a la idea de un juez imparcial. En el inquisitivo, la confusión de funciones respondía a una concepción ontológica de la Verdad (entendida así, con mayúscula), como un concepto unitario, cuya realidad es independiente de que sea conocida o no, y que, no obstante, es una Verdad dada y que está ahí para ser conocida.  Cuando se concibe así, es lógico que el descubrimiento de esa Verdad pueda ser encomendado a un único funcionario. Pues una vez descubierta, esa Verdad permitirá hacer justicia.

Sin embargo, en una concepción adversarial, y por lo tanto dialéctica, del proceso, existe una correspondencia con la idea de que la verdad procesal (que sin embargo no renuncia a ser un correlato con lo que ocurrió), no es una verdad dada y que está ahí para ser descubierta, sino una verdad que se construye a partir de un ejercicio dialéctico entre la tesis de la fiscalía y la antítesis de la defensa. De manera que el hecho que el juez tiene por demostrado en su sentencia, constituye la síntesis o conclusión.

En este orden de ideas, la concepción ontológica de la Verdad, aunque sea un concepto que tenga sentido en otros ámbitos de la razón humana, no puede seguir siendo la finalidad del proceso penal. Porque, aunque esa Verdad sea inteligible, las limitaciones del conocimiento humano en general, y de la actividad probatoria en particular, no permiten plantear legítimamente la encomienda de la función de investigación en el mismo funcionario que va a emitir el juicio sobre los hechos, dado que ello supone un enorme y permanente riesgo de sesgos indebidos y, por tanto, de sacrificio al principio de imparcialidad.

En segundo lugar, el principio de imparcialidad también sufre un grave atentado con la propuesta de la iniciativa de encomendar a un solo juez (que además es el director de la investigación), el trámite tanto de las etapas preliminares como del juicio en sentido estricto. La idea de separar las funciones de juez de control y de juez de juicio, que surge entre nosotros a partir de la reforma procesal penal que se incorporó a la Constitución de la República en 2008, fue precisamente la de garantizar que el juez de juicio, por no tener ningún conocimiento previo sobre los hechos materia del proceso, no tuviera prejuicio alguno y, por lo tanto, estuviera garantizada su imparcialidad. Con ello resulta claro que la eliminación de la distinción de que se trata, conduce a un estado de cosas en el que el Juez que dirigió la investigación y tramitó las etapas preliminares, difícilmente será un juzgador imparcial a la hora de emitir sentencia.

B).- LA PÉRDIDA O VACIAMIENTO DE LA AUDIENCIA COMO ESPACIO NATURAL DE TUTELA DEL DEBIDO PROCESO.

Para comprender mejor la idea a la que se refiere el subtítulo de este segundo y último apartado, es conveniente tomar como punto de partida el concepto de controles procesales. Se trata de un término poco habitual entre nosotros y que hace referencia a los instrumentos que, en un proceso (en este caso) penal, garantizan fundamentalmente dos cosas: a) que en el curso de una investigación penal o en el trámite de un procedimiento penal, no se cometan violaciones a derechos fundamentales, y; b) que sea fiable la información sobre cuya base un tribunal finca un juicio de reproche.

Las formalidades son una especie de controles procesales y son las únicas que existen como tales cuando el procedimiento se tramita en un expediente. Ocupémonos, para los fines de estas breves reflexiones, en aquéllas que garantizan la fiabilidad de la información. Para entender correctamente esta función, primero debe tenerse claro que, en una metodología del expediente, se produce una confusión entre expediente, proceso, causa y juicio. Y, de manera análoga, se confunde la prueba con el acta en la que se documenta la prueba. Así, el testimonio de María deja de ser la testigo sentada en el estrado declarando, para pasar a ser la declaración de María, tal como fue documentada en el acta que se incorporó al expediente.

Suelo ilustrar esta situación con una metáfora “rulfeana”. A mí me ocurrió, y seguramente esta situación era habitual en mi generación (y quizá no sólo en la mía), que en la clase de Español la maestra explicó que Pedro Páramo es una novela que trata de un señor llamado Juan Preciado que fue a Comala porque le dijeron que ahí vivía su padre, a reclamar la parte de la herencia que le correspondía. Agregó la maestra que Preciado de pronto se dio cuenta de que estaba hablando con los muertos. Pero en realidad esto es inexacto. Los muertos ya están muertos. Lo que pasa es que nos dejaron sus voces. Con quien Juan hablaba es con las voces que dejaron los muertos. De hecho, el título original de la novela era “Los Murmullos”.

Ahora bien, lo mismo ocurre en un expediente. Porque el expediente no es otra cosa que un conjunto de “murmullos” documentados. Es decir, cuando un testigo declara y su narración se documenta, el acta correspondiente se convierte en la prueba y es lo único que queda, ya que la persona se “muere” procesalmente, es decir, se torna irrelevante. Me explico: por virtud del principio de inmediatez (que no inmediación) procesal, las primeras diligencias del procedimiento deben prevalecer sobre las posteriores, en virtud de que, como decía la vieja jurisprudencia de la Corte, no ha habido tiempo ni para el aleccionamiento ni para la reflexión. Si el testigo comparece posteriormente y quiere cambiar su versión, será él quien tenga la carga de la prueba para justificar por qué debemos creerle a lo que viene a decir ahora, y no al “murmullo” que nos dejó en su declaración inicial.

Siendo esto así, es imperativo entonces cuidar las declaraciones tan pronto se documenten. Son la columna vertebral del expediente. Por eso, se requieren controles, llamados formalidades, destinados a garantizar dos cosas: a) que la información sea auténtica, es decir, que si María declaró que vio a Hipólito disparar a Rosita, efectivamente María haya dicho eso, y; b) que la declaración, una vez documentada, permanezca inalterada durante la vida del expediente, dado que este instrumento de metodología procesal se trabaja en ausencia de las partes y no puede descartarse la existencia de incentivos para alterarlo (derivados, lógicamente, de la confusión entre prueba y acta en la que se documenta la prueba: si ésta última es lo único o casi lo único relevante, basta con tener la posibilidad de manipularla para tener en nuestras manos la suerte del proceso).

Las primeras, es decir, las formalidades que garantizan la autenticidad de la información, son aquéllas que exigen que: la declaración sea por escrito, firmada por el testigo y por el funcionario que la recibe, ante un secretario o dos testigos que den fe (precisamente de que la información es auténtica), etcétera.

Las segundas, o sean las que garantizan que la información una vez documentada no sufra alteraciones, son tales como: que las fojas que conforman el expediente sean cosidas, foliadas y selladas; que al final de cada párrafo se tire una línea hasta el final, de manera que el espacio en blanco no pueda ser reutilizado; y que si se comete un error, se teste la parte correspondiente, de forma que el texto original siga siendo legible, y se “salve” antes de cerrar el acta.

Ahora bien, he decidido explicar lo anterior porque, en mi experiencia, uno de los aspectos más difíciles de asumir en una transición desde una metodología del expediente hacia una metodología de audiencias, es precisamente la comprensión del papel que, en cada una de ellas, juegan los controles procesales, particularmente aquéllos que garantizan que la información sea fiable. En efecto, en una metodología de audiencias, la calidad de la información está garantizada, en lo fundamental, por la audiencia misma. A ello es a lo que se refiere la feliz expresión de Ferrajoli que afirma que “la audiencia es la garantía de las garantías”. Es la audiencia, con sus principios rectores, el instrumento que permite confiar en la información que se produce en la misma. ¿Qué sentido tiene exigir formalidades para garantizar la autenticidad del testimonio de María, si es María misma quien declara de viva voz, en público, en presencia del juez y sujeta al contraexamen? ¿Qué sentido tiene pedir formalidades que garanticen que la prueba no se altere, si el tribunal debe valorarla inmediatamente, en la misma audiencia (principios de continuidad y concentración)? Esto, y no otra cosa, es lo que significa el principio que postula que, en una metodología de audiencias, la investigación es flexible y desformalizada. Porque exigir formalidades en la investigación conduce a pre-constituir prueba y, por tanto, a vaciar la audiencia, ya que entonces la información no se produce durante su celebración, sino antes, y lo que es más grave, sin el resguardo de la audiencia misma y de sus principios rectores.

Las formalidades de las actuaciones policiacas y de ciertos actos de investigación solo tienen la función de permitir el control de la calidad de la información que se produce en la audiencia, que es la única valorable, pero no de sustituirla. Por la sencilla razón de que solo tiene el carácter de prueba la que se produce en la audiencia en presencia del tribunal (principio de inmediación).

Con esto, me parece, queda claro el segundo grave problema del proyecto de iniciativa de reforma procesal penal al que he dedicado estas breves reflexiones. Me refiero a que regresa a una investigación formalizada, que pre-constituye prueba y que vacía la audiencia. Es decir que, al retomar la sustitución del testigo por su “murmullo”, trastoca en uno de sus aspectos más relevantes, la lógica de un sistema acusatorio, en el que, como se ha dicho con razón, la “audiencia es la garantía de las garantías”. Si además el proyecto se adereza con un uso extensivo de la prisión preventiva oficiosa y con la disminución de controles preliminares, la mesa está servida para el desastre que el mismo implica para el debido proceso. Me atrevería a decir que se trata de un retroceso, no de 20 años, sino de 200.

COVID-19 and violence in Mexico

05/06/20 (written by lcalderón) – As the world faces the unprecedented COVID-19 pandemic, members of the government and the academic community in Mexico expected to see a decrease in violent crime after the federal government implemented the “Stay Home” initiative. According to The New York Times, this seems to have been the case for other Latin American countries, where quarantine and travel restrictions have reduced the incidence of crime in places like Brazil, Colombia, El Salvador, Honduras, etc.

However, Mexican media sources such as El Universal claim that violence in Mexico has not decreased and continues to rise. The Associated Pressreported that places like Guanajuato, Michoacán, and Chihuahua –particularly the municipality of Juárez– have experienced higher levels of violence despite the pandemic. Some of this violence has targeted members of the medical profession because of the supposed risk of contagion they bring to their communities. Nurses have been burned with bleach, clinics have been set on fire, and some medical professionals have been verbally assaulted, making healthcare workers afraid of wearing their uniforms outside the hospitals.  

Nurses ask citizens to stay home amidst the COVID-19 crisis.
“I am a nurse, I fight for you and your life #stayhome” [author’s translation]. Picture by BBC News Mundo.

COVID-19 measures in Mexico

Mexico adopted “Sana Distancia” or social distancing on March 16, 2020 in an attempt to flatten the curve of COVID-19 contagions. By March 30, a sanitary emergency was declared, calling on citizens to stay in quarantine, avoid social gatherings, and only leave home when necessary. In addition, officials ordered all activities for non-essential businesses to cease and reduced operations in essential enterprises, hoping to reduce the exposure of essential workers to the virus.

In theory, there are two reasons why having less people in the streets could result in a significant reduction in crime. First, there are fewer victims because there are fewer people in public that could potentially become victims of violence. Second, there are fewer perpetrators of violence because potential assailants are also following stay-at-home orders. Yet on the ground, the statistics tell another story. President Andrés Manuel López Obrador admitted that the quarantine measures had not yielded decreased levels of violence, as was initially projected, but he remains hopeful that such reductions will be observed over time. In an unprecedented move, the president even addressed his daily morning speech on April 20, 2020 to drug traffickers and criminals asking them to reduce the levels of violence amidst the crisis.   

Analyzing crime trends

Although it is still too soon to analyze the real consequences of these public health measures in 2020, violent crime in Mexico has followed a distinctive pattern over the years. Violent crime is regularly registered by General Attorney offices and reported by Mexico’s Secretary General of National Public Security (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP). If one compares these national figures from January through March 2020 with the same period in 2019, it is noteworthy that both years had the same number of intentional homicides during that quarter (7,279 cases). Although the total for each month differed, March was the most lethal month in both years. The two main differences between this period in 2019 and that in 2020 are a 2.1% increase in the use of firearms to commit homicide and a 5.3% increase in the number of femicides.

In terms of other violent crime, 2020 showed decreased numbers for cases of kidnapping and robbery (including burglary, commercial robbery and theft), with a 44.4% reduction in reported kidnappings and a 10.7% decrease in robbery. Cases of theft decreased 15.5% from 2019 to 2020, the greatest drop among any type of robbery. The only steady increase shown in the first three months of 2020 was in cases of assault. For the same period in 2019, there were 38,067 cases of assault, while in 2020 that number was 38,267, or a 0.53% increase.

The Secretary General of National Public Security (SESNSP) also reports the total number of victims for a given crime. When analyzing the number of victims for each crime, March 2020 was the deadliest month (3,000 victims) since July 2018, when SESNSP reported 3,074 victims of intentional homicide. However, taking into account the previous comparison looking at January through March 2020 against the same months in 2019, there is less than a 1% increase in the number of victims of homicide in the new year.

Intentional homicides
Trends in intentional homicides in Mexico during the first quarter of years 2018-2020. Graph generated by the author with SENSP data.

The other two crimes that experienced an increase in the number of victims in the first three months of 2020 compared to 2019 were assault with a 1.12% increase and femicide with a 1.24% increase in total victims. At the same time, victims of kidnapping and extortion decreased by 39% and 1.78%, respectively.  

Kidnap and Extortion in Mexico
Trends in kidnap and extortion in Mexico during the first quarter of years 2018-2020. Graph generated by the author with SENSP data.

As Mexico continues to extend the “Stay Home” period, it is important to continue to analyze crime data to determine whether COVID-19 has had a significant impact on levels of violence in Mexico. Specifically, this will help to ascertain whether or not initiatives like social distancing and self-isolation lead to reductions in crime. As such, crime data for April and May will be key to determine if it is accurate to say that COVID-19 measures have had the same impact in Mexico (nationwide) as in other Latin American countries.

Sources:

Miranda, Justino et al. “COVID-19: Healthcare workers experience discrimination and violence in Mexico.” El Universal. April 27, 2020.  https://www.eluniversal.com.mx/english/covid-19-healthcare-workers-experience-discrimination-and-violence-mexico

“Mexico’s gang violence appears to rise during pandemic.” The Associated Press. April 24, 2020. https://apnews.com/a33c15a157abcf26d52de04bd16ab474

“En México hay más gente llorando por la violencia que por el coronavirus: experto.” El Universal. April 23, 2020. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-mexico-hay-mas-gente-llorando-por-la-violencia-que-por-el-coronavirus-experto

“Incidencia delictiva del Fuero Común, nueva metodología.” Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. April 20, 2020. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published

Grupo REFORMA. “La mañanera de AMLO – 20 de abril.” Reforma. April 20, 2020. https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/la-mananera-de-amlo-20-de-abril/ar1923705

“Víctimas y unidades robadas, nueva metodología.” Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. April 20, 2020. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/victimas-nueva-metodologia?state=published

Simple, Kirk and Azam Ahmed. “El virus disminuye la criminalidad en América Latina (por ahora).” The New York Times. April 13, 2020. https://www.nytimes.com/es/2020/04/13/espanol/america-latina/coronavirus-delincuencia-crimen.html

Governor elect in BC seeks to extend his term

Jaime Bonilla Valdez, governor elect of Baja California

Jaime Bonilla was elected Governor of Baja California on June 2nd, 2019. Source: El Tamaulipeco

08/06/19 (written by lcalderon) — Jaime Bonilla Valdez was elected governor for Baja California on June 2, 2019, along with five mayors and 25 state Congress representatives. He was initially elected for an extraordinary term of two years, from November 1, 2019 to October 31, 2021. This extraordinary period of governorship was set forth by a Constitutional reform in 2014 that established that the governor elected in 2019 would serve a term of two years (instead of six) in order for the federal midterm elections and state governor elections to coincide, exactly three years after the presidential election.

However, on July 8, 2019, Baja California Congressman Víctor Moran (Movimiento Regeneración Nacional, Morena) called for a secret, unscheduled session, which was held in Playas de Rosarito –about two and a half hours from the state’s capital, Mexicali. At said session, Congressman Moran passed a motion to extend governor-elect Bonilla’s term from two to five years, ending in October 31, 2024 instead of 2021. Mr. Moran’s argument was that having another election in two years would impose a grave economic burden on Baja California’s economy, which is already facing a serious public spending deficit, thus making it more desirable to postpone it until 2024. He also emphasized the importance of giving the government-elect enough time to complete their long-term projects, specifically those designed to address public security concerns at the state level. The motion passed with 21 out of the 25 votes in favor, only three of which were affiliates of the Morena Party. Congressional representatives voted through concealed voting slips and only one National Action Party (Partido de Acción Nacional, PAN) Congressman expressed his disagreement with the procedure and the motion. Congressional representatives from the local party, Baja California’s Party (Partido de Baja California, PBC) were not present at the session; allegedly, PBC representatives were not even summoned.

During that same session, State Congress also approved to create two important positions: Counselor for the Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Institute for Transparency and Access to Public Information, ITAIP) and Superior Auditor for the State. Sources such as El Economista and Sin Embargo allege these positions were Morena’s negotiating assets to convince PAN and PRI’s Congressional representatives to vote for the initiative. Allegations grew stronger when the appointment of Carlos Montejo Oceguera, a longtime PAN member and collaborator of current Baja Calfornia Governor Francisco Vega de Lamadrid, as Superior Auditor was deemed official immediately after the confidential session. Montejo’s appointment became notably suspicious when he was declared to be in charge of auditing the state government’s performance during the last three years. This came just weeks after the Federal Superior Auditor declared that Governor Vega’s government was involved in the embezzlement of over $4.5 billion Mexican pesos (roughly $240 million USD).

Initial reactions

Citizens' protests

Citizens protest against “Bonilla Law.”
Source: Diario de Mexico

Public opposition to what is now being called “Bonilla Law” manifested soon thereafter. Citizens throughout Baja California called for protests at the local office for the National Human Rights Commission (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH), demanding that the national Supreme Court (Suprema Corte de Justicia Nacional, SCJN) evaluate the reform. They also requested that Congressmen who voted in favor of what they perceive as an unconstitutional action be politically tried. Additionally, they argued that the opinion expressed on June 2nd must prevail, which is when citizens elected Bonilla for a term of just two years – not the expanded five years.

Bonilla’s decision to extend his term made it to the national headlines almost immediately, and the reactions came from all political levels. One of the first institutions to show its discontent was the National Action Party (PAN). The PAN’s national management expressed its condemnation of the term extension, highlighting its discontent with the state Congressman representing their party who voted in favor of extending Bonilla’s governorship. A few weeks later, the PAN started removing its state Congressmen from Baja California.

For his part, Bonilla argued that the term’s extension eliminates the need to have another round of elections in two years. Regardless of the vote on the governorship, Baja Californians still have to vote in five mayors and 25 Congressmen in 2021. The Morena Party also threw its support behind Bonilla’s term extension, noting that the two-year term represents a violation of Bonilla’s political-electoral rights, a claim that Bonilla already submitted to the Electoral Court. This challenge was successful at the state court, but not at the federal court.

Government Response

When concerns began to be raised, President Andres Manuel López Obrador during his morning address to the media and public said, “If [Jaime Bonilla] would have asked, I would have not approved it” (Jimenez, 2). According to López Obrador, Bonilla’s policy does not does not align with his political ideology;. It is important to note, however, that such topics are often not the types of issues brought before the president. Still, President López Obrador did weigh in given the gravity of the situation. For one, the president clarified that extending the governor’s term did not mean that Bonilla would seek reelection, as  he was not looking to violate the Constitution. Similarly, he stressed, this was certainly not implying that he would seek presidential reelection when his sexenio expires (2018-2024). López Obrador finished by saying that he would not intervene in the matter. It is up to the Judiciary’s Electoral Court to decide whether the term extension is valid in an impartial process that is not deserving of presidential influence, he said.

In response, the federal Congress approved a resolution asking state Congressmen to revert the approval

Congress of Baja California confirms term extension

State Congress confirms “Bonilla Law” after being called to a session to re-consider it.

of the “Bonilla Law.” Doing so would  respect the two-year term that citizens chose for governor-elect Bonilla. In return, the Congress of Baja California decided to have an extraordinary, closed-door session in Playas de Rosarito with only 14 Congressmen present. Instead of revesting their decision during this session; state Congressional representatives instead confirmed Bonilla’s term extension from two years to five years. They justified their decision by arguing that the economy of the state had to be preserved and that it was of outmost importance to prioritize state sovereignty in this matter.

After reconfirming “Bonilla Law,” federal legislators started a movement to take the matter to the national Supreme Court arguing that this extension is an act against the Constitution.

State Status

In the meantime, outgoing Governor Vega de Lamadrid announced that he would not declare the new reform in the State’s Official Newspaper out of respect for the citizen’s decision to vote for a two-year term. This statement is Governor Vega’s declaration of support for public opposition to the “Bonila Law” since the State’s Official Newspaper is the medium to publish State legislation.

The President of the PAN in Baja California also noted that it would have been possible for Bonilla to challenge the 2014 two-year term reform within the state legal frameworks if he followed the proper procedure 90 days before the election. Bonilla failed to meet the dates and conditions to submit his disagreement, however, thus removing that possible course of action.

Sources

“AMLO se habría pronunciado en contra de ampliación de mandato de Bonilla,” El Sol de México, July 12, 2019.

“Ciudadanos protestan contra ‘Ley Bonilla’ en BC; piden la intervención de la CNDH,” Milenio, July 15, 2019.

“El ‘agandalle’ de Bonilla en BC es parte de un pacto de protección al Gobierno de ‘Kiko’ Vega, acusan,” Sin Embargo, July 18, 2019.

“El pacto: ampliación de mandato a cambio del auditor,” El Economista, July 21, 2019.

“En 2021, BC elegirá a cinco alcaldes y 25 diputados,” La Jornada, July 9, 2019.

“Impunidad a ‘Kiko’ Vega, entrega de cargos públicos y ‘sobornos’ millonarios, a cambio de la ‘Ley Bonilla’,” Proceso, July 16, 2019.

“Jaime Bonilla gobernará cinco años en Baja California en medio de controversia,” San Diego Union Tribune, July 23, 2019.

“‘Kiko’ desvió 4 mil 600 mdp, ocultó 802 en deuda y pagó intereses sin razón,” Zeta Tijuana, March 4, 2019.

“Kiko Vega no publicará en Diario Oficial ampliación a periodo de Jaime Bonilla en BC,” Proceso, July 9, 2019.

“Mexico border state extends governor’s term amid criticism,” Washington Post, July 24, 2019.

“PAN inicia expulsión de diputados que ampliaron la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California,” Aristegui Noticias, July 11, 2019.

“Panistas regalan gubernatura de cinco años a Bonilla,” Zeta Tijuana, July 8, 2019.

 

 

 

 

Panel analyzes the 2018 Mexican Election

From left to right, moderator Dr. David A. Shirk and election panelists, Amb. Jeffrey Davidow, Dr. Victor Espinoza, Dr. Clare Seelke, and Dr. Emily Edmonds-Poli.

From left to right: moderator Dr. David A. Shirk and panelists, Amb. Jeffrey Davidow, Dr. Victor Espinoza, Dr. Clare Seelke, and Dr. Emily Edmonds-Poli.

10/03/2018 (written by Rita Kuckertz) – On Thursday, September 20, 2018  Justice in Mexico, in collaboration with the University of San Diego’s Master of Arts in International Relations (MAIR) program, hosted a panel of experts in order to discuss the significance of Mexico’s 2018 Presidential Election and what to expect from the incoming administration. Panelists included Clare Seelke of the Congressional Research Service; Dr. Victor Espinoza, Director of the Department of Public Administration at the Northern Border College (El Colegio de la Frontera Norte, COLEF); Amb. Jeffrey Davidow, former U.S. Ambassador to Mexico; and Dr. Emily Edmonds-Poli, faculty member in the Department of Political Science and International Relations at the University of San Diego (USD). Dr. David A. Shirk, Director of Justice in Mexico and the Master of Arts in International Relations program, moderated the panel discussion.

A Watershed Election

Each guest speaker shared their expertise on the topic of Mexican politics in order to reflect on the nature and outcomes of Mexico’s July 1st vote. Given the exceptional nature of these elections, Dr. Shirk asked the panel of experts to especially consider the historic upset of traditional party alignments, the future of the U.S.-Mexico relationship, and the observed increase in political violence leading up to July, 2018.
Clare Seelke explained the triumph of Morena party candidate Andrés Manuel López Obrador as the result of the public’s desire for radical political change. Seelke posited that other candidates running for the Mexican presidency, including Ricardo Anaya and José Antonio Meade, were essentially the same in the public eye. According to Seelke, the simple fact of López Obrador’s singularity amidst other traditional candidates may explain the “magnitude of the victory” at approximately 53% of the total vote.

The Future of U.S.-Mexico Relations

Reflecting on the implications of this outcome, Seelke questioned the future of U.S.-Mexico relations in the context of the shared drug and security crisis, the North American Free Trade Agreement (NAFTA), and Mexico’s energy reform enacted during President Enrique Peña Nieto’s tenure. While Mexico has collaborated with the United States on each of these dimensions under Peña Nieto’s term from 2012 to 2018, Seelke expressed uncertainty regarding future bilateral cooperation on these matters.

The Vote from Abroad

Dr. Victor Espinoza from COLEF spoke at length about the significance of votes from abroad during the 2018 election. He explained that since 2006, there have been a total of twenty-six presidential, senatorial, gubernatorial, and local elections that allowed voters to participate from abroad. However, increasingly, the percentage of eligible voters living outside of Mexico has declined since 2006. In the July elections, Dr. Espinoza noted that this figure was “infinitesimal,” at less than 1% turnout. With 97% of eligible abroad voters living in the United States, this raises questions about the specific factors that have so drastically reduced the participation of eligible Mexican voters there. However, as Dr. Espinoza explained, other trends characterizing the abroad vote in previous elections were reversed; while Mexican voters living outside the country typically opt for conservative candidates, in 2018, the vote leaned left with Morena’s López Obrador.

Radical Change or Return to Ruling Party Politics?

While a historic election, Former Ambassador to Mexico Jeffrey Davidow argued that, in general, we tend to overanalyze the election of politicians. According to Amb. Davidow, López Obrador won the election because the vast majority of Mexicans who registered to vote were disillusioned with traditional political parties. Concerned about high levels of corruption and what they perceived to be a “rigged” system, the Mexican public opted for a new approach to politics. As such, Amb. Davidow argued that voters did not necessarily stand behind all of López Obrador’s policies; they simply wanted to prevent traditional party candidates from entering office.

However, despite his candidacy representing a change in the political order to many Mexicans, Amb. Davidow argued that López Obrador’s policies are reminiscent of the Institutional Revolutionary Party’s (Partido Revolucionario Insitutional, PRI) “ruling party” politics of the 1970s and 1980s. In his words, Amb. Davidow described López Obrador as “[tending] to view Mexican politics and policies not as a radical, but as someone who has never really accepted the modernization of Mexico.” Thus, while some have likened the incoming president to Hugo Chávez, Amb. Davidow argues that López Obrador hardly fits this characterization. Much like his PRI predecessors, López Obrador’s platform rests on the centralization of authority and the invigoration of state enterprises. As such, recent reforms, such as the historic energy and criminal procedure reforms, may see changes under the new administration. As Amb. Davidow put it, “Will it be devastating? We don’t know. But it will be different.”

Looking Ahead: Implications of an AMLO Presidency

Dr. Emily Edmonds-Poli, adding to Amb. Davidow’s analysis, reminded those in attendance that López Obrador was once a “staunch priista,” and much of his political behavior today is similar to that of thirty years ago. However, despite López Obrador’s steadfastness, Dr. Edmonds-Poli argued that his election was unprecedented in Mexico’s democratic era. As she explained, historically, those observing Mexican politics have argued that no candidate would ever win with a majority in the multi-party system, especially with a majority in Congress. Thus, the July 1 election was unprecedented in and of itself.

Given his election by majority, Dr. Edmonds-Poli contended that López Obrador does indeed have a mandate. However, what remains to be seen is whether the future president will be able to successfully fulfill this mandate. According to Dr. Edmonds-Poli, the stakes are certainly high; with the “groundswell of excitement” that accompanied the rise of Morena, López Obrador supporters (i.e., the majority of those who participated in the July 1 elections) are expectant of change. Should the future president remain in his 1970s political mold, this could severely damage not only his base of support and future legacy, but also, Mexico’s democracy itself. As Dr. Edmonds-Poli reminded viewers, recent public opinion polls found that only 49% of people expressed faith in democracy in Mexico. As such, given this fragile perception, any failure by the incoming government to fulfill its imperatives could inflict significant wounds on Mexican democracy. As with all matters discussed throughout the course of the panel, analysts will have to wait until December 1 to reevaluate Mexico’s course moving forward.

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Exitoso IV Simposium Internacional sobre Sistemas de Justicia Orales Adversariales

09/25/2018 (escrito por Alejandro Morán) – Durante los días 6 y 7 de septiembre de 2018, se llevó a cabo el IV Simposium Internacional sobre Sistemas de Justicia Orales Adversariales en el marco del programa Oral Adversarial Skill-Building Immersion Seminar. El evento fue organizado por el programa Justice in Mexico de la Universidad de San Diego en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. En el evento de dos días de duración, se expusieron temas relevantes al funcionamiento y la evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) en México.

Dr. Sergio García Ramírez analiza el NSJP en IV Simposium

Conferencia Magistral del Doctor Sergio García Ramírez

El Simposium dio inicio con una Conferencia Magistral a cargo del Doctor Sergio García Ramírez en la que desarrolló un profundo análisis del SJPA. El Dr. García Ramírez habló acerca de las herencias de los siglos pasados, la liberal y la positivista y la necesidad de armonizarlas. Criticó al sistema de justicia como uno punitivo y no de justicia, haciendo énfasis en la palabra reinserción dentro del sistema y expuso la necesidad de generar especial énfasis en la seguridad humana y la justicia formal. De igual forma García Ramírez cuestionó la capacidad operativa de los principales actores dentro del sistema, usando una analogía de una obra de teatro, brindando especial atención a la figura del policía como “el actor principal de la obra”.

En el panel“Retos y avances en el sistema de justicia en México”,   el ex Embajador de México en los Estados Unidos, Miguel Basáñez, expuso los resultados de un programa de capacitación a jueces mexicanos llevado a cabo en las ciudades de Boston (E.E.U.U.), Santiago (Chile) y Bogotá (Colombia) que permitieron identificar los 15 eslabones principales para poder afianzar la transición al SJPA: 1) respaldo político total; 2) exigencia de la sociedad civil; 3) reformas legales; 4) plataforma informático-tecnológica; 5) responsabilidad mediática;  ; 6) apoyo académico; 7) colegiación obligatoria; 8) profesionalización de policías; 9) profesionalización de fiscalía y defensoría; 10) Infraestructura; 11) símbolos e incentivos a operadores; 12) estadística; 13) capacitación permanente; 14) administración especializada; y 15) ejecución de penas y sistemas carcelarios.  Dentro de ellos, el Embajador Basáñez destacó como los principales el respaldo político y el apoyo de la sociedad civil. Posteriormente, la Doctora María de los Ángeles Fromow Rangel, ex Directora de la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SETEC), se enfocó en la importancia de establecer un modelo de conformación del servicio profesional de carrera, sobre un sana y operativa trilogía de investigación (policía, ministerio público y peritos), así como en la importancia de homogenizar las carpetas de investigación en el país. Por su parte, el Maestro Juventino Pérez Gómez, encargado de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto en el estado de Oaxaca, mencionó que para la etapa de consolidación del sistema se tienen que considerar las relaciones de los principales operadores, poniendo especial análisis en la relación ministerio público-policía, recalcando que aún falta un plan de investigación, y además, que existen problemas serios en la operación del SJPA, en especial en el caso de Oaxaca y sus 570 municipios. Asimismo el Mtro. Pérez Gómez se unió a la conclusión del importante papel que juegan la sociedad civil, y las partes en general dentro del proceso.

En la mesa panel “Justicia en Marcha” se expusieron los resultados preliminares de un proyecto de investigación estadística del SJPA desarrollado por Justice in Mexico, el cual reúne a un grupo de destacados egresados de la UNAM que además, fueron participantes en los distintos seminarios de litigación que dicho programa de la Universidad de San Diego, lleva a cabo a través de su proyecto OASIS. En la mesa, moderada por el  Maestro Octavio Rodríguez Ferreira, el Licenciado Alfredo Ramírez Percastre comenzó resaltando la falta de indicadores suficientes para evaluar el SJPA de una manera eficiente y que los existentes no son útiles para el diagnóstico. El ponente presentó los resultados de una encuesta piloto sobre los retos y losgros del SJPA, y señaló como principales retos la corrupción, los medios obsoletos de investigación y la no utilización de mecanismos alternativos. De la misma forma resaltó mayor honestidad en los operadores, comparando con indicadores que sugieren que el 76% de los operadores afirman sentirse preparados para el SJPA a diferencia del 93% de los operadores encuestados en 2016 por Justice in Mexico, a través de la iniciativa Justiciabarómetro. Acto seguido, El Licenciado Héctor Esteban García destacó varios problemas actuales en la operación del SJPA, como es el poco uso del procedimiento abreviado que en México apenas alcanza un 40% mientras que en otros sistemas (por ejemplo en los Estados Unidos) la media nacional sería de un 93 a un 97 porciento. También se identificó el uso excesivo de la prisión preventiva en varios estados de la república, destacando a Jalisco con un 46 porciento de uso de la medida precautoriua y a Puebla con un 41 porciento. Como parte de la misma iniciativa “Justicia en Marcha”, el Maestro Juan García expuso los resultados de un estudio comparado de casos tanto en el sistema tradicional, como en el SJPA, en donde cotejó diversos aspectos dentro de ambos sistemas, como las duración del  proceso; el tamaño de los expedientes en cuanto su número de fojas; así como la cantidad de pruebas presentadas en juicio. El maestro García destacó una mayor rapidez y eficiencia del SJPA, en donde, sólo por mencionar un ejemplo, se excluyen un gran número de pruebas irrelevantes, a diferencia de lo que ocurría en el sistema tradicional. Para cerrar dicho panel, la Licenciada Pamela Soto Valdivieso, habló de la importancia de la capacitación de los operadores, y destacando que, de acuerdo a los resultados preliminares de la iniciativa “Justicia en Marcha”, apenas el 23 por ciento de capacitaciones son realizadas por parte del gobierno federal, mientras que el 77 por ciento,  son realizadas por instituciones extranjeras, como lo es OASIS. Con respecto a esta iniciativa de capacitación de Justice in Mexico, la Lic. Soto anunció el desarrollo de un manual para la capacitación en destrezas de litigación oral, que contendrá todos los elementos  del procedimiento, y cual estará disponible para todo el público.

Estudiantes, profesores y académicos del derecho se sumaron a la discusión del IV Simposium

Más de 200 profesores, estudiantes y académicos atendieron al IV Simposium Internacional sobre Sistemas de Justicia Orales Adversariales

El primer día de actividades concluyó con el panel “Riesgos de contra reforma”, moderado por la Maestra Susana Martínez Hernández, investigadora del Instituto Belisario Dominguez. En dicho  panel, el Mtro. Carlos Ríos Espinosa, investigador de Human Rights Watch y experto en reforma penal, expuso sobre la historia de la reforma y su recibimiento, abundando en los intentos de contra reforma desde 2014. El Mtro. Ríos Espinosa comentó acerca de la ampliación de un régimen de excepción dentro del mismo SJPA, en el que “se crea un régimen paralelo al sistema y este sólo lo entorpece generando leyes que violan DDHH” y puso como ejemplo la ley de seguridad interior. Según Ríos Espinosa, otro factor altamente problemático es el de las resoluciones de los jueces que tienden a ser contrarias al sistema, lo que genera que la credibilidad social se pierda.  A su vez, el Dr. Carlos Galindo, investigador del Instituto Belisario Domínguez, expuso cómo se ha ido modificando el SJPA atendiendo a temas políticos y a presión social, como en el caso de Chihuahua, que a pesar de no haber redactado originalmente un catálogo para la prisión preventiva oficiosa, a raíz de un caso se terminó por redactar uno, como ha ocurrido en todos los estados del país. El Dr. Galindo habló  también de varios casos de intentos de contra reforma de baja escala, como el último del 30 de agosto del presente año, que propone introducir los delitos de corrupción al catálogo de prisión preventiva oficiosa. Haciendo eco de la misma problemática, la Maestra María Novoa, Coordinadora del Programa de Justicia, en México Evalúa, comentó  resaltó la presión social en contra del SJPA, e identificó varios factores (como el incremento en la violencia) que se han relacionado de manera imprecisa con la implementación del SJPA y del principio de presunción de inocencia, provocando que:  “socialmente se [haya] generado la idea de que a más encarcelados, más justicia”, lo que harepercutido de manera negativa en las resoluciones de los jueces, pues a nivel federal, manifestó Novoa, “7 de 10 solicitudes de prisión preventiva son otorgadas y a nivel estatal 9 de 10”. Novoa además desarrolló otros temas importantes como el fenómeno de la puerta giratoria, el tema de la reincidencia delictiva, concluyendo que lo anterior ocurren en un mayoría por una mala operación y falta de implementación, más que por un problema del sistema en sí, poniendo en evidencia que, por ejemplo, de las 32 Unidades de Medidas Cautelares (OMECAS) posibles, a la fecha sólo existen tres en el país.

El segundo día de actividades del Simposium inició con la mesa panel: “Reformas procesales en Latinoamérica”, moderada por el Mtro. Pablo Héctor González Villalobos, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Chihuahua, en la cual se expusieron las perspectivas comparadas de Chile, Colombia y Argentina, en sus reformas procesales. El Maestro Claudio Pávlic, defensor público en la reforma chilena, abrió la mesa hablando de la implementación del sistema en Chile en el 2000, y de cómo desde los cinco años de su entrada en vigor ya se veía una considerable disminución en la población penitenciaria. Expuso que consideraba  como factores importantes el hecho de que existió un apoyo político significativo, de que había transparencia y publicidad en las audiencias—lo cual provocó críticas de los medios de comunicación y del público en general que detonaron cambios importantes al sistema. De la misma forma, Pavlic destacó la gran cantidad de información estadística disponible, que identificaba los problemas del sistema y la evaluación de los operadores, esta última realizada por inspectores que eran los mismos operadores del sistema. Posteriormente, La Mtra. Ana María Ramos, Directora Ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia, expuso que existen serios problemas con el sistema colombiano, siendo el problema principal la eficacia. Dijo también que existe un descontento social que ha generado que se promuevan reformas como reducción de beneficios al imputado o quitar el procedimiento abreviado, que terminan por entorpecer el sistema. Ramos advirtió que identifica muchas similitudes en las discusiones actuales en México con las que Colombia tuvo hace unos años. Por último, el Dr. Máximo Langer, Director del Programa de Justicia Penal en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), señaló que existen problemas parecidos en Argentina y en México. Mencionó que si bien la celeridad de los procesos aumentó, aún existen problemas en cuanto a la investigación, particularmente de los delitos graves, e igualmente identificó la eficacia como el principal problema de los sistemas de corte acusatorio. El Dr. Langer continuó hablando de la importancia del procedimiento abreviado y dijo que, para muchos, es este el sistema, y no tanto la oralidad del proceso. Según Langer, apenas el 45 por ciento de los casos en Argentina, se van por esta vía.

UNAM, UANL y BUAP discuten planes de estudio durante IV Simposium

Directores de las Facultades de Derecho discuten los retos a la reforma de planes de estudios

El Simposium concluyó con el panel “Retos en la reforma a los planes de estudio”, que reunió a directores de las facultades de derecho de la UNAM, el Dr. Raúl Contreras Bustamante; la UANL, el Mtro. Oscar Lugo Serrato; y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Dr. Luis Ochoa Bilboa; y moderada por la Maestra Trilce Ovilla Bueno, Coordinadora de Asuntos Internacionales y Multidisciplinarios en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la que se analizaron los retos de la reforma a los planes de estudio en las facultades de derecho mexicanas. Dr. Raúl Contreras expuso los cambios que se han generado en la UNAM respecto a su plan de estudios. Comentó que la Facultad busca un enfoque transversal enfocado en temas como los derechos humanos, la equidad de género y las convenciones internacionales,  poniendo especial atención en los temas de la constitucionalidad y la convencionalidad. Afirmó que se buscan sistemas de estudio flexibles y  rescató el hecho de la autonomía de la UNAM para realizar estas acciones a diferencia de otras instituciones internacionales. El Mtro. Oscar Lugo expuso que en la UANL se ha estudiado el perfil que se necesita para el abogado, y que se ha buscado un estudio multidisciplinario adecuándose a los cambios al sistema de justicia, introduciendo materias como la de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) , así como la materia de litigación oral, como obligatoria para los ocho mil estudiantes de la licenciatura de derecho de la UANL. Por último, el Dr. Luis Ochoa se enocó en la renovación de los planes de estudio que se lleva a cabo cada 5 años en la BUAP. Sin embrago el Ochoa alertó sobre la poca cantidad de investigadores con los que cuenta la carrera de Derecho en la BUAP, y sobre  “resistencia por investigar”, en donde los alumnos dan mayor importancia a las cuestiones prácticas que enseñan los abogados litigantes, antes que en el desarrollo de investigación original, concluyendo que este es un problema importante para la implementación y modernización de de planes de estudio a la luz del SJPA.

El IV Simposium Internacional sobre Sistemas de Justicia Orales Adversariales marcó la conclusión de otro exitoso año de actividades del proyecto OASIS de Justice in Mexico de la Universidad de San Diego, en su colaboración con las facultades públicas de derecho más grandes de México. En los próximos meses, el proyecto estará arrancando los Talleres de Litigación Oral en la UANL, la UdeG y la BUAP, continuando con su esfuerzo permanente para la actualización y capacitación continua de los operadores del sistema de justicia en México.